Antes de la llegada de la pandemia del COVID-19 a Venezuela ya se hablaba de una “educación en emergencia”, con fallas en los servicios básicos, en la infraestructura de las escuelas, importantes problemas de movilidad, “salarios de hambre” y niños en situación de desnutrición.
Tres años después del inicio del COVID-19, las brechas se han “profundizado” y, de hecho, para buena parte de los integrantes del sector, la situación en el sistema educativo público en Venezuela, que enfrentó elementos diferenciadores respecto al resto de la región, “ha empeorado”.
En eso coincide Ana, una profesora de educación inicial en una escuela pública en Catia, una zona popular del oeste de Caracas, quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias.
Tiene 14 años de servicio y recuerda que en marzo de 2022, tras el último aumento salarial, ganaba el equivalente en bolívares a 80 dólares, pero, la devaluación ha reducido su sueldo actual a 18 dólares mensuales.
Para ella, el deterioro de la calidad educativa en “todas” las escuelas públicas e incluso en “algunas” privadas, es evidente. Además, insiste en que, debido a la crisis económica, los padres y representantes tienen muchas dificultades para mantener a sus hijos en los centros educativos.
“Estamos ante una gran crisis educativa, han desertado muchos maestros. La crisis económica y social ha hecho que renuncie a sus labores. El docente se tuvo que reinventar, buscar otros trabajos. Quienes están en educación es por vocación o porque tenemos otro trabajo”, dijo a la Voz de América.
Los aspectos que venían afectando a la educación son múltiples y complejos, entre ellos las renuncias masivas de maestros desde 2018 y los problemas de alimentación generalizados, resume la profesora Luisa Pernalete, miembro del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría.
El año 2023 inició con manifestaciones de maestros que exigían salarios “dignos” que les permitan cubrir sus necesidades más básicas y actividades limitadas en algunas escuelas del país.
A mediados de enero la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios sobre la recuperación del poder adquisitivo, sin embargo, aún no se ha registrado un aumento salarial en el país.
La ministra de Educación, Yelitze Santaella, dijo el fin de semana que por lo pronto no están en capacidad de firmar un contrato colectivo con maestros y trabajadores de la educación. En varias ocasiones el gobierno ha atribuido la crisis a las sanciones de la comunidad internacional.
Las deficiencias en materia de tecnología y la “desigualdad” en la conectividad, se sumaron a las dificultades de impartir clases a distancia durante la suspensión de clases presenciales, como parte de las políticas de prevención implementadas por el gobierno venezolano para hacer frente al COVID-19.
En octubre de 2021 las autoridades comenzaron a permitir el regreso a clases presenciales de forma “progresiva y alterna”, luego de haber suspendido las clases, “en todos los niveles”, en marzo del 2020.
“¿Cómo haces para trabajar con Google Classroom, por ejemplo, en un país donde la mayoría no tiene conexión a internet y además es muy malo? Súmale los problemas de electricidad. Esto supuso más esfuerzo que en otros países”, recuerda Pernalete.
Venezuela tiene una de las conexiones más lentas del mundo. De acuerdo con el Índice Global de Speed Test (rapidez), ocupa el puesto número 136 de 138 países en la categoría de velocidad de internet móvil, solo por encima de Afganistán y Cuba.
La pandemia ocasionó que quienes tuvieron acceso a la tecnología tengan ahora un “mayor” nivel de aprendizaje, lo que ha creado una “gran desigualdad” en el conocimiento de los niños, afirma Ana.
“Llevan un seguimiento académico efectivo, se ve muchísimo la desigualdad entre un niño que está en una escuela pública y uno en privada”, dice.
Especialmente en educación inicial, Ana subraya que existen “fuertes” secuelas a nivel psicológico, cognitivo y motor. Además, ha observado en los niños mayor ansiedad, estrés y debilidad en áreas de lenguaje y comunicación, así como mayor vulnerabilidad ante diversas enfermedades.
“La parte social, al estar encerrado en casa tanto tiempo les afectó muchísimo. La motricidad gruesa, vemos que hay niños que no saben ni subir ni bajar escaleras, que no trabajan la lateralidad y eso afecta la motricidad fina, el agarre del lápiz, la tijera etc. Son niños más tímidos o con crisis de ansiedad”, relata.
Añade que los docentes se percataron de que durante el tiempo de aislamiento, el proceso de enseñanza y aprendizaje no se cumplió “eficientemente” porque los padres eran quienes llevaban a cabo las actividades.
“Estos se evidenció rápidamente cuando empezaron las clases presenciales y todavía los docentes estamos nivelando aprendizaje porque se atrasaron muchísimo”, a casi un año y medio del regreso a las aulas de clase.
Pernalete, profesora con más de 40 años de experiencia, coincide en que muchas maestras han notado que los niños volvieron “sin hábitos” y con “desaprendizajes”.
“A los más pequeños se les olvidó leer, se les habían olvidado muchas cosas de matemática y hubo que dedicar tiempo a recuperar el desaprendizaje”, explicó a la VOA.
Pero hubo un “agravante”: muchos estudiantes no regresaron, especialmente los de bachillerato.
Según estimaciones de la más reciente Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) un millón de niños, niñas y adolescentes permanecieron fuera del sistema educativo en el período 2021-2022 y señala al Estado de no haber asumido su responsabilidad para “mitigar los efectos de la pandemia sobre la interrupción de las trayectorias educativas de las poblaciones más vulnerables”.
Además, resalta que casi la mitad de la población de 3 a 5 años permanece “excluida” de los beneficios de la educación inicial, lo que se concentra entre los “más pobres porque la oferta pública es limitada y la privada es costosa”.
“No hay una fuerte iniciativa a favor de la retención y reinserción escolar que integre medidas de reforzamiento pedagógico, alimentación, transporte, con la meta de incorporar a ese millón y medio de niños, niñas y adolescentes desescolarizados”, concluye la más reciente ENCOVI.
Para Pernalete, lograr la reincorporación de los jóvenes en edad escolar que han desertado supone un gran reto y alerta que, muchos de ellos, están expuestos a ser reclutados por bandas organizadas, especialmente en zonas donde tienen mayor presencia.
Otros de los grandes retos, a su juicio, es superar el rezago de aprendizaje, la actualización de los maestros en competencias digitales y “cuidar” a los profesores que aún siguen en las aulas en el país.
“Venezuela tiene escuelas de educación cerradas porque no hay jóvenes que quieran estudiar educación y eso tiene que ver con los bajos salarios y el deterioro de las escuelas. ¿Dónde está la generación de relevo? Sin maestros no hay escuela, ni a distancia ni presencial, eso es muy serio”, alerta.
Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ha advertido en varias ocasiones que en el país “no hay calidad” de la educación y considera que es necesario materializar propuestas para recuperar el sistema educativo.
“Salir del hueco cuesta 77.000 millones de dólares, eso incluye creación de nuevos diseños curriculares, recuperación de planta física, creación de nuevas escuelas, la formación de alrededor de 178.000 nuevos educadores que requiere Venezuela y pagarle al maestro el promedio del salario de Suramérica que son 957 dólares mensuales”, precisó en una reciente conversación con la VOA.
