Especial Connectas
Hasta hace poco más de un lustro, Ecuador era uno de los países más tranquilos de Latinoamérica. En 2016, la cifra de homicidios (959) fue la más baja del siglo registrada en el país, lo que la ubicaba entre las naciones más seguras de la región. Sin embargo, solo seis años después, en 2022, ese índice alcanzó el récord de 4.450 asesinatos. Y este año todo indica que la cifra roja crecerá aún más: hay casi 20 muertos por día por la violencia.
La situación del país, está claro, es acuciante: el narcotráfico no solo jaquea a la sociedad ecuatoriana sino que ha permeado a las fuerzas de seguridad, a la justicia y a la propia clase política, que no atina a aportar soluciones.
En medio de la violencia e incertidumbre sobre su futuro, el próximo 10 de agosto Ecuador celebra su máxima fecha patria y el 20, elegirá presidente solo para gobernar el próximo año y medio, a raíz de la ya conocida revocación del mandato del actual mandatario Guillermo Lasso.
Teniendo en cuenta este difícil contexto, esta semana hemos publicado dos investigaciones y un análisis que abordan algunos de los aspectos que acabamos de describir sobre la situación de Ecuador.
Por un lado, Fernando Medina cuenta para Informe Reservado y CONNECTAS cómo una medida apurada del propio Lasso para combatir la violencia narco generó una “Fábrica de policías exprés”. Se trata de escuelas de formación policial que casi no tienen presupuesto ni cuentan con infraestructura adecuada para garantizar la formación de los futuros oficiales.
Por otro, Jorge Imbaquingo investigó para El Comercio y CONNECTAS por qué la Justicia ecuatoriana no avanza con los escándalos de corrupción que sí han sido condenados en Estados Unidos. Se trata de 30 casos que los “Fiscales tortuga” de Ecuador no llevan a juicio pese a que toda la actuación de sus pares norteamericanos está disponible en internet, a solo un click.
Ambos trabajos fueron realizados con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas.
Por último, completamos este boletín dedicado a Ecuador con el Tenemos Que Hablar de la semana escrito por nuestro editor Cristian Ascencio. En él, se intenta explicar por qué las organizaciones criminales están desestabilizando a un país que celebra elecciones presidenciales dentro de dos semanas.
Fábrica de Policías
Por la grave crisis de seguridad que vive Ecuador, el presidente Guillermo Lasso se comprometió a formar 30 mil nuevos policías hasta 2025. Para cumplir con esa meta, no solo se redujo el tiempo de formación a seis meses, sino que además el proceso se realiza bajo condiciones precarias. Los aspirantes se forman sin pistas de entrenamiento, sin polígonos de tiro y entrenan con fusiles de palo o carabinas obsoletas.
La nueva escuela de formación policial de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, estaba llamada a convertirse en el orgullo de la comunidad. Todo el pueblo celebró cuando abrieron sus puertas en noviembre del 2022 para recibir a los 168 jóvenes aspirantes.
El presidente Guillermo Lasso decidió desde el mismo Pujilí inaugurar el periodo académico de las 43 escuelas policiales del país, 31 de las cuales eran nuevas. En la ceremonia calificó el proceso de histórico, agradeció a los jóvenes por elegir esa carrera y reafirmó su compromiso de graduar a 30.000 nuevos agentes antes del 2025, año en el que debía terminar su mandato (después de disolver la Asamblea con la denominada muerte cruzada, su periodo de gobierno terminará este 2023). El discurso presidencial, en medio de la crisis de seguridad que vive Ecuador, ha recalcado que una de las soluciones a este problema es engrosar las fuerzas de orden.
Pero a pesar de la importancia que se le da en la narrativa a estas escuelas, Lasso no entró al nuevo centro de formación de Pujilí. Su intervención pública la hizo desde el coliseo de la ciudad, ubicado a unos 10 minutos del centro de entrenamiento policial.
La gente se quedó con las ganas de que el presidente viera el esfuerzo que toda la comunidad realizó para que el lugar pueda recibir a los futuros uniformados, pues fueron los propios pujilenses quienes levantaron el centro a partir de los escombros de una escuelita donada por el cantón.
De hecho, la comunidad y los padres de los aspirantes —todos ellos provenientes de comunidades rurales pobres de Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua— donaron los pupitres, los pizarrones, los plumones e incluso los libros que formaron parte de su pequeña biblioteca.
También tuvieron que adquirir todo el menaje de dormitorios como camas, colchones, roperos, cobijas y sábanas. Hasta los materiales más elementales de limpieza como cloro, jabón, trapeadores y escobas fueron dotados por los mismos estudiantes, quienes también se encargan del aseo, pues no hay fondos para contratar personal externo.
Es que el Gobierno puso en marcha la formación de policías exprés sin un presupuesto establecido para el funcionamiento de las escuelas. Por lo anterior, son las mismas familias de los estudiantes quienes están costeando la mayor parte de la promesa presidencial.
Fiscales Tortugas: Corrupción investigada por EEUU
La justicia norteamericana abrió 36 juicios y ya logró 23 condenas de funcionarios ecuatorianos que recibieron sobornos de empresas estadounidenses. Pero en Ecuador, donde ocurrieron los delitos, el tránsito judicial es mucho más lento: solo se han activado seis de esas causas, con tres sentencias condenatorias.
Un maletín con 250.000 dólares no es fácil de meter de contrabando. Menos a Estados Unidos, tal como pretendió hacerlo José Raúl de la Torre, un joven que fungió como asesor de Petroecuador. Al ser retenido en Miami, no pudo justificar la procedencia del dinero. Con casos como este salieron a la luz sobornos y tramas de corrupción ocurridas en Ecuador que en Estados Unidos ya fueron sancionadas, pero que en la Justicia ecuatoriana han evidenciado una lentitud llamativa en cuanto a pesquisas de carácter penal.
Esta investigación de EL COMERCIO y CONNECTAS devela que mientras Estados Unidos ha investigado, condenado e impuesto multas, así como decomisos de bienes y dinero por los delitos cometidos en Ecuador, en este país la negligencia y los vacíos judiciales han minimizado o descartado las investigaciones legales correspondientes en los mismos casos.
El juicio contra De la Torre en Estados Unidos es uno de los 36 que ese país sigue a través de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una legislación que le permite rastrear dineros provenientes de tramas de sobornos en otros países. Con esa normativa, el ex funcionario ecuatoriano fue sentenciado en 2019 por sobornos para que empresas norteamericanas lograran contratos en Petroecuador; y también por conspiración para lavado de dinero.
Con esta serie de juicios, la justicia estadounidense ya ha procesado a 33 ecuatorianos, seis empresas estadounidenses y seis ciudadanos de otras nacionalidades que utilizaron sobornos para ganar contratos en Ecuador y que luego invirtieron esos fondos en jurisdicción estadounidense, ya sea en el sistema financiero o en el bursátil.
De esos procesos, 23 ya llegaron a sentencias en firme, que incluyen la confiscación de más de 250 millones de dólares producto de la corrupción. Pero a pesar de las evidencias levantadas por el país del norte, en Ecuador solo se ha elevado a juicio a seis de esos casos, según la información recopilada para este reportaje. Estos datos muestran cómo caminan lentamente los procesos de indagación fiscal. Una suerte de “tortuguismo” que contrasta notablemente con la velocidad con la que la justicia norteamericana ha avanzado.
Un claro ejemplo es lo que ha sucedido en el caso de De la Torre. Él y un socio manejaron al menos tres millones de dólares por sobornos para permitir que compañías extranjeras lograran contratos con la petrolera estatal de Ecuador. El exfuncionario, finalmente, dejó la prisión en Miami en febrero de 2021 (aunque tenía que cumplir dos años más de libertad vigilada). En agosto de ese año hizo una declaración voluntaria adelantada a la Fiscalía de Ecuador, desde Washington, que fue primordial para el llamado «Juicio Las Torres”, con el que se logró inculpar por delincuencia organizada al excontralor general Pablo Celi de la Torre, quien es su pariente.
Aun así, De la Torre no tiene ninguna causa abierta en el sistema de justicia de Ecuador. Según algunas fuentes que prefieren el anonimato, estaría en el programa de testigos protegidos.
A pesar de múltiples intentos por obtener su palabra para este reportaje, la Fiscalía no aceptó hacer una revisión de este caso y de los temas asociados a los 36 juicios que lleva adelante Estados Unidos. En dos ocasiones, incluso, la institución canceló las citas acordadas para una entrevista.
La justicia nacional actúa de la siguiente manera. Si hay juicios por FCPA en Estados Unidos que tienen gran repercusión mediática, se suele pedir asistencia penal internacional a ese país. Con una consecuencia: la demora para armar los casos. Esto, a pesar de que son juicios cuya documentación es de libre acceso en internet.
Los seis procesos abiertos en Ecuador tres tienen sentencias y están divididos de esta manera. Dos provienen de la línea investigativa del juicio a la constructora brasileña Odebrecht en Estados Unidos: se trata del caso de Arroz verde-Sobornos 2012-2016, en el que fueron condenados por cohecho el expresidente Rafael Correa y su ex vicepresidente, Jorge Glas; y el proceso en contra del excontralor Carlos Pólit, por concusión.
El tercero con sentencia se trata de un caso de cohecho en Petroecuador. En este proceso fueron condenados Ramiro Luque, Arturo Escobar Dominguez y Juan Baquerizo, quienes tuvieron sus respectivos juicios en Estados Unidos. La sentencia fue de cinco años, dictada el 3 de abril de 2017. El caso se dio porque la Fiscalía presentó como pruebas las transferencias de 250.000 dólares entre las empresas Arkadale Investment y Girbra, esta última contratista de Petroecuador.
En el escándalo de la Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) se armaron dos causas por las presuntas irregularidades en las operaciones financieras de inversión del fondo; y están en curso. Hace más de dos años, la Fiscalía investigó la negociación de 216,2 millones de dólares en operaciones efectuadas, desde el 2014 al 2019, entre los directivos del Isspol y dos empresas más. El 16 de marzo de 2023 concluyó la fase de investigación y está pendiente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Finalmente, el sexto proceso judicial en Ecuador es el caso Vitol, juicio que está en curso. Este caso es en el que ha sido prontuariado Nilsen Arias, quien fuera el gerente de comercio internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017. Vitol es una empresa holandesa de comercio de energía y productos básicos con sede en Suiza. En este caso también hay nexos con temas petroleros y de seguros. En este proceso también está vinculado el lobbysta Antonio Peré Ycaza, que actuaba como intermediario de sobornos. Este juicio, que se inició el 14 de noviembre del 2022, espera sentencia en primera instancia.
