El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que ocho personas fueron detenidas por su presunta vinculación con la sustracción de dinero de cuentas del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y el Fondo de Desarrollo Nacional.
Desde la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, el titular de la acción penal venezolana indicó que “la investigación reveló que Jonathan José Flores Estrada, quien actualmente se encuentra en España, trabajó en este Ministerio junto con Anthony Carreño y durante este tiempo instalaron en uno de los ordenadores de la referida instancia un programa denominado AnyDesk, a través del cual tenían acceso remoto desde cualquier lugar para la manipulación de los sistemas propios del Ministerio de Economía y Finanzas”.
En tal sentido, el alto funcionario agregó que “con la información obtenida, el referido ciudadano realizó transferencias bancarias desde las cuentas del Ministerio y del Fondo de Desarrollo Nacional hacia cuentas de personas jurídicas y/o naturales que pedían prestadas. Luego desviaban el dinero recibido a varias cuentas de terceros o compraban dólares en el mercado ilegal, para legitimar así el dinero sustraído ilegalmente”.
Según las declaraciones de Saab, por estos hechos fueron detenidos Keberlin Zerpa, Edinson Pérez, Winxer Suárez, Reinaldo Sivira y Abrahan Sánchez; así como los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Anthony Carreño (quien trabajaba en el área tecnológica e instaló el programa), Milexi Torres y Karen Rondón. Adicionalmente se solicitó orden de aprehensión contra Jonathan Flores y próximamente se solicitará la alerta roja ante Interpol y su correspondiente extradición.
Producto de los hechos, todos los aprehendidos fueron presentados e imputados por la presunta comisión de legitimación de capitales, acceso indebido, fraude y asociación. Por su parte, a Carreño, Torres y Rondón se les agregó la presunta comisión de peculado doloso propio y uso indebido de la información.
“Esta trama que hemos develado y sancionado pudiese repetirse en otros entes públicos y privados; así que hago el alerta sobre lo que implica la manipulación tecnológica en estos tiempos porque el delito va mutando. Ya no estamos hablando de simples rateros o atracadores”, observó Saab.
Modus operandi
De igual forma, el fiscal general venezolano explicó cómo operaban algunos exfiscales de la institución para obtener dinero por medio de actuaciones irregulares ante los tribunales.
Saab explicó que “desde agosto de 2017 aquí se instaló (…) una especie de patrón, casi de forma orgánica, para malponer a la justicia. Siempre digo que cuando hay un fiscal corrupto hay alguien en el propio sistema que lo está alentando”, analizó el vocero institucional.
“Un ejemplo de ello puede ser un fiscal del Ministerio Público que cobra y recibe una cantidad de dinero para de alguna manera favorecer a la persona que va a ser presentada en audiencia. De esta forma solicita al tribunal que la persona en lugar de ser objeto de una medida judicial privativa de libertad sea objeto de una medida cautelar. Este tipo penal es corrupción propia simple”, detalló el titular de la acción penal venezolana.
Asimismo, ejemplificó que “un fiscal (…) que conoce una investigación penal solicita el sobreseimiento de la causa sin tener en las actas del expediente elementos de convicción que den alguno de los presupuestos establecidos para ello. Esto con el fin de favorecer al investigado o imputado de autos. Obviamente estamos ante un tipo penal como corrupción propia agravada”.
Concusión y omisión dolosa
“También existe el delito de concusión, que ocurre cuando un fiscal (…) en una investigación penal que conoce le pide dinero al investigado de autos para manipular declaraciones a fin de poder arribar a un acto conclusivo que lo beneficie. Es la manipulación de la propia investigación”, señaló Saab.
Por otro lado, el alto funcionario mencionó “casos en que se incurre en omisión dolosa. Primer supuesto, el fiscal deja de emitir un acto conclusivo (a los 45 días) en un procedimiento con detenido, para que decaiga la medida y el tribunal otorgue la libertad”.
A su vez, acotó que el segundo supuesto establece que “el fiscal no ejerce dolosamente un recurso de apelación ante un cambio de calificación jurídica, desestimación de delito o una revisión de medida mal decretada por el tribunal”.
Del mismo modo explicó la existencia de casos en que se incurre en abuso de funciones. “El fiscal en un acto arbitrario y violento utiliza su condición y credenciales para obtener beneficios en forma de atención prioritaria no justificada o la apertura de recintos cerrados, o la entrega de propiedades, entre otros”.
“No basta con remover a un funcionario”
Por añadidura, resaltó casos de forjamiento de documento público. “Se detectó que uno de los modos operandi más comunes, es el de falsificar documentos que son utilizados como elementos de convicción o medios de prueba fraudulentos para favorecer a los investigados”, reseñó el Fiscal General.
Finalmente, Saab analizó que los funcionarios “tenemos que ser garantes”, por lo que hizo “un llamado a todo el sistema de justicia: jueces, alguaciles, abogados, que día a día nos batimos en pro de la verdad, la justicia y los derechos humanos; a quienes nos duele que algunos que en lugar de atender lo que dicta la Constitución desvían su camino”.
“No basta con remover a un funcionario. Si merece una pena privativa de libertad debe hacerse efectiva la misma”, ponderó.
Por último, Saab recalcó que hasta la fecha “han sido procesados 269 fiscales del Ministerio Público por actos de corrupción, de los cuales 125 tienen imputaciones, 31 son investigados, 20 se encuentran privados de libertad, 20 cuentan con órdenes de aprehensión, 21 con medida cautelar, 24 han sido condenados y otros 28 con propuesta de archivos fiscales”.
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