Gastón, abogado de derechos humanos venezolano de 57 años, pasó años visitando las prisiones más miserables del país mientras defendía a estudiantes encarcelados por protestar contra el Gobierno.
Por temor a las represalias de las autoridades por su trabajo, Gastón decidió huir, dirigiéndose a la frontera entre México y Estados Unidos (EE.UU) para solicitar asilo en ese país. El pasado 8 de agosto vadeó el Río Grande hasta Texas, con la esperanza de entregarse a los agentes fronterizos estadounidenses.
En lugar de ello, fue detenido por la policía estatal de Texas, según consta en los registros judiciales. Se trata de una de las 1.600 detenciones de personas que han cruzado la frontera en Texas desde julio, en el marco de las medidas contra la inmigración adoptadas por el gobernador Greg Abbott, denominadas Operación Estrella Solitaria.
Abbott ha dicho que la Administración de Joe Biden promueve una política de “frontera abierta catastrófica” que ha culminado con cruces récord que han avivado la ira local este año. Dos condados de Texas -Val Verde y Kinney- se han sumado al llamamiento del gobernador para que la policía local detenga a los inmigrantes por invasión de la propiedad.
Los defensores de la inmigración dicen que Abbott está tomando indebidamente en sus manos la aplicación de la ley de inmigración, una responsabilidad federal. También han expresado su preocupación por el hecho de que los inmigrantes sean retenidos durante meses en la cárcel a la espera de que se resuelva su caso.
Pero muchos de los casos de allanamiento de morada parecen desmoronarse por sí solos, según un análisis de Reuters. Los abogados defensores y al menos un fiscal del condado han citado problemas con muchos de los casos, incluyendo detalles imprecisos de los presuntos delitos menores en los documentos de acusación y la falta de claridad sobre si los migrantes fueron debidamente notificados de que estaban a punto de invadir.
En el condado de Val Verde, por donde cruzó Gastón, el fiscal del condado, David Martínez, dijo a Reuters que su oficina se ha negado a perseguir alrededor de 105 casos de los 231 arrestos de migrantes por allanamiento de morada entregados a su oficina hasta finales de octubre.
Semanas entre rejas
Gastón estuvo recluido en una prisión estatal de Texas, en la localidad de Dilley, durante un mes hasta que Martínez abandonó su caso, alegando su derecho legal a solicitar asilo. Gastón dijo que pasó otras tres semanas bajo la custodia de las agencias federales de inmigración de Estados Unidos antes de ser liberado el 29 de septiembre para que pueda presentar sus reclamaciones ante el tribunal de inmigración.
“Nunca había estado detenido, y menos en una prisión de alta seguridad. Es un tratamiento para un criminal, no para un inmigrante”, dijo Gastón, ahora en Florida. Pidió que sólo se le identificara por su nombre de pila para proteger a su esposa e hijos que aún están en Venezuela.
La mayor parte de las 1.600 detenciones por allanamiento de morada en todo el estado se han producido en el condado vecino de Val Verde, Kinney, un condado más pequeño y conservador donde los funcionarios dijeron que tienen más de 1.000 casos activos.
Allí también han surgido algunas de las mismas preocupaciones sobre la validez legal de los cargos.
Kristin Etter, una abogada de Texas RioGrande Legal Aid, dijo que todos los más de 100 cargos presentados en el condado de Kinney que su grupo ha visto tenían elementos “defectuosos”, incluyendo la falta de detalles básicos como el lugar donde se cometió supuestamente el delito.
El fiscal del condado de Kinney, Brent Smith, refutó eso, diciendo que la cuestión es que los jueces asignados a los casos han pedido más información de la que normalmente se solicita para la invasión criminal.
El sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, subrayó que los propietarios locales estaban cansados de lidiar con lo que, según él, era basura y vallas cortadas dejadas por el creciente número de migrantes que cruzan. Este año fiscal, 1,7 millones de migrantes fueron encontrados en la frontera suroeste, el número más alto jamás registrado, aunque muchos pueden ser personas que cruzan de nuevo.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que dependía de los fiscales el seguir con el caso y añadió que el departamento seguía comprometido con la Operación Lone Star. La oficina de Abbott dijo en un comunicado que Texas seguiría invirtiendo recursos en la seguridad de la frontera.
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