El dirigente sindical venezolano Yuxcil Martínez llegó a inicios de semana a su casa y, según dijo en un audio que difundió a varios contactos, se encomendó a Dios, temiendo que lo detuvieran los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro tras su defensa de los derechos laborales en la empresa siderúrgica Sidor.
Específicamente, dijo esperar que la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo detuviera o que alguien atentara contra su vida. “No sé qué va a pasar de aquí a mañana (…) estos compañeros se afincaron en querer discutir conmigo”, añadió, narrando su jornada de discusión de acuerdos contractuales con representantes del Estado en Sidor.
Compartió su miedo luego de días de protestas para lograr mejoras laborales por parte de trabajadores del complejo siderúrgico, uno de los más grandes del mundo, pero que cuenta con cifras de inoperatividad que superaron el 90% de su capacidad instalada en 2022 y que estuvo completamente inactivo hace apenas tres años, de acuerdo con sus sindicatos.
Solo la mañana del jueves 12 de enero, la policía estatal detuvo a 18 trabajadores de Sidor y la empresa Bauxilium durante sus manifestaciones de calle en el estado Bolívar. Según fuentes citadas por el diario Tal Cual, los liberaron luego, pero de forma condicional.
Días antes de la denuncia de Martínez, otro trabajador de la empresa estatal eléctrica Corpoelec, Servio Gudiño, denunció en sus redes sociales que agentes de la DGCIM se apostaron fuera de su casa, fotografiándola. Aseguró que sus intenciones “no son buenas”.
“No soy ningún delincuente para que ellos estén actuando de esta manera, estoy claro en mi derecho”, dijo en un video que compartió. Gudiño participó el pasado 23 de enero en una concentración de trabajadores en Maracaibo para reclamar por sus bajos salarios.
Esta semana, denunció que Corpoelec lo despidió por presuntamente “brindar falsos testimonios” durante aquella jornada del 23 y faltar a su empleo para ir a la protesta.
En conversación con el diario El Pitazo, explicó que la DGCIM sí intentó detenerlo para “hacerle una entrevista” y que, al presentarse en el organismo de inteligencia, los funcionarios le aconsejaron expresar sus molestias por los “canales correspondientes”, advirtiéndole extraoficialmente sobre una inminente orden de arresto en su contra.
Julio Marín, vocero sindical del estado occidental de Lara, denunció “atropello constante” en su residencia por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por cumplir con su “función” de defender los derechos de los trabajadores venezolanos.
También, 120 organizaciones civiles advirtieron de “persecución y amedrentamiento” contra el presidente del gremio de enfermeros del estado Carabobo, Julio García. Según indicaron, cinco agentes de inteligencia trataron de ingresar a su vivienda el pasado 20 de enero luego de su participación en múltiples manifestaciones para exigir mejores salarios.
Miles de empleados de instituciones públicas, especialmente educadores y trabajadores del sector salud, han manifestado desde los primeros días de enero para exigir mejoras salariales en las principales regiones, como la capital, Barinas, Zulia, Miranda y Lara.
Organizaciones no gubernamentales denunciaron que, en ese contexto de conflictividad social, la policía científica detuvo arbitrariamente por varias horas a la docente universitaria María Fernanda Rodríguez, luego de que participara en una reunión en Caracas con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk.
A mediados de 2022, decenas de organizaciones civiles y sindicatos denunciaron una serie de “detenciones arbitrarias” de ocho defensores de los derechos humanos y laborales, y advirtieron que constituían “otro ataque a la libertad sindical” por parte del chavismo.
Uno de los casos incluyó el arresto de la esposa de José Castro, militante del partido opositor Bandera Roja y activista del sindicalismo venezolano, luego que los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado no pudieron detenerlo a él, denunciaron en conjunto.
Entonces, se reclamó la detención “arbitraria” de un segundo miembro de la Alianza para la Defensa para los Derechos Humanos Laborales en Venezuela, Emilio Negrín. La primera ocurrió en 2021 contra el activista Javier Tarazona, aún detenido, precisaron.
Como ahora, aquellas organizaciones condenaron “una política gubernamental” para “neutralizar” a la disidencia trabajadora, que incluía despidos injustificados, detenciones arbitrarias, retenciones indebidas de salarios o prohibición de ingreso a sus empleos.
Un experimentado líder sindical de Zulia, la región más poblada, contó a la Voz de América que el “hostigamiento” por parte de funcionarios del Estado venezolano debido a su participación en protestas y declaraciones públicas contra el gobierno es “permanente”.
“Comienzan los funcionarios a seguirnos, con carros sin placas, van a las protestas, provocan a quienes los identifican. A los líderes sindicales nos ponen contra la pared”, manifiesta, bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno.
Admite que los operativos sí hacen mella en algunos voceros. “Nuestras familias se preocupan. Unos dirigentes nos dicen: ‘en esta oportunidad no los acompaño (a protestar)’. Otros, que van a continuar. Tenemos las dos caras” de cómo reaccionan, dice.
Esta semana, hubo expectativas sobre eventuales mejoras contractuales que se alcanzarían en una mesa técnica entre delegados del Estado, empresarios y trabajadores con asesores de la Organización Internacional del Trabajo, en Nueva Esparta, en el oriente del país.
La reunión culminó sin lograrse el humo blanco entre las partes sobre asuntos como el salario mínimo mensual en Venezuela, mientras tres confederaciones de trabajadores denunciaban que el gobierno no hizo oferta alguna de montos o fecha a tratar el tema.
El delegado zuliano, sin embargo, dice notar lo mismo que otros voceros sindicales del sector educativo del centro del país apuntaron en días recientes a la VOA: que el actual conflicto los está unificando en una misma lucha, como no se había visto en años.
“La carencia es total y tiene que haber una respuesta. Hay ahorita una llama de una lucha sindical que tenía tiempo sin avivarse. El fracaso de la reunión (en Nueva Esparta) va a disparar las alarmas entre los sindicatos”, afirma, anticipando más protestas.
