Darwin Rivas y Félix Maíz son dos de las 19 personas inocentes que la policía detuvo en el contexto de los operativos contra las megabandas de La Vega, entre enero y junio de 2021. Su caso muestra como el sistema de “justicia penal es una máquina de triturar pobres”, explica la diputada Mariela Machado, que hace parte del Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega), conformado por las familiares de los detenidos, organizaciones populares y, Surgentes (Colectivo de DDHH), con el fin de lograr justicia en estos casos y contribuir a producir cambios estructurales en el sistema de justicia penal.
“Ya lo decía Chávez en el Plan de la Patria, la justicia sigue siendo un aparato racista y clasista que hay que transformar. Algo se avanza, antiayer el Fiscal General habló de 300 fiscales judicializados por actos de corrupción y funcionarios detenidos por violación a derechos humanos. Eso es bueno. Pero es más lo que falta por hacer que lo que se ha hecho. Y entre tanto, nuestros muchachos presos injustamente”, agregó Machado.
Darwin y Félix, fueron detenidos el 12.06.21. El primero fue sacado de su vivienda en el contexto de un allanamiento sin orden judicial ni flagrancia y el segundo fue apresado en las escaleras de su barrio, mientras cargaba agua para una vecina.
A Darwin y a Félix les sembraron armas (un arma automática a uno, y un revolver a otro) luego de la detención. Hay testigos, vecinos y familiares, que señalan que ambos estaban desarmados.
Por su parte el Comité ha recabado testimonios de policías de la zona que señalan que sus jefes les pidieron cuotas de detenciones para mostrar eficiencia; lo que explica un patrón de “siembra” de evidencia.
El Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega), ha sido enfático en señalar que considera legítimo y necesario garantizar el control territorial democrático del Estado, enfrentando a las bandas y garantizando el derecho a la seguridad de la población; al tiempo que ha denunciado que en el contexto de estos operativos han ocurrido, también, graves violaciones a los derechos humanos en contra de personas que no tienen ningún tipo de vinculación con el accionar de las bandas.
La cadena de injusticias que inicia con la simulación de hechos punibles por parte de la Policía Nacional Bolivariana (siembra de armas), continúa en la Fiscalía General de la República, en la Defensa Pública y en el Tribunal que los juzgó.
El Fiscal del caso les dijo a miembros del Comité que sabía de la existencia de operativos viciados por parte de la policía, con persona “sembradas”, pero que él no podía dejar de acusar, porque tenía una orden de hacerlo. Es decir, fueron sembrados por la policía y acusados por un fiscal que sabía que eran inocentes.
Como la familia no tiene recursos para pagar abogados, la defensa la asumió la Defensora Pública 86, Christian Vásquez y, en su nombre, el Defensor Público, 140, Arturo Ferrer. Estos Defensores no contestaron la acusación fiscal; no ofrecieron pruebas para favorecer la justicia (pese a que recibieron listado de testigos de que los jóvenes habían sido detenidos sin armas); no solicitaron copias del expediente y las decisiones (pese a que el Comité les dio dinero para pagar las copias y así poder fortalecer la defensa) y; no apelaron la sentencia condenatoria, que ocurrió el 17.11.21 (6 años de prisión por un delito que no cometieron), aún cuando se comprometieron con el Comité a que apelarían. Por esas omisiones, el Comité solicitó a la Defensa Pública una investigación contra los citados defensores.
Adicionalmente, aunque el Defensor Público, 140, Arturo Ferrer le dijo a las familiares que ya la sentencia había sido publicada y había transcurrido el lapso para apelar; cuando Arleth Figueredo, abogada del Comité, acudió la primera semana de abril al Tribunal 8vo de Juicio del AMC a solicitar el expediente, la Secretaria del Tribunal, le informó que la sentencia no había sido publicada aun, porque el juez le estaba haciendo correcciones. La ley señala que se disponen de 5 días hábiles después de publicada la sentencia para apelarla.
La información obtenida, implicaba entonces que la sentencia podía apelarse e intentar corregir la injusticia contra Darwin y Félix. Sin embargo, el día 08.04.22, cuando la abogada del Comité acudió por 3 vez esta semana a presentar el Poder de los acusados para acceder al expediente y apelar, el juez Aquiles Vera le negó el acceso al expediente y a juramentarse como defensora.
“El Juez de forma muy grosera, golpea el expediente contra la mesa, y me dice que tengo que juramentarme en el Tribunal Ejecución, porque el caso supuestamente ya había salido de su tribunal, pero no es verdad porque aún no estaba publicada la sentencia. Yo le dije que le estaba violando el derecho a la justicia a dos jóvenes pobres y que exigía el acceso al expediente y juramentarme, porque la sentencia no había sido publicada aun”, señaló Arleth Figueredo.
Entonces el juez le señaló “es que no te vas a juramentar” y le ordenó al Alguacil de Guardia sacarla del Tribunal. La abogada fue amenazada con ser privada de libertad por alteración del orden público y quitarle su carnet de ImpreAbogados; hechos que finalmente no ocurrieron.
Lo que viven Darwin y Félix es consecuencia de ser pobres y pobladores de un barrio, invisibles para muchos. Tanto, que las instituciones pueden violar sus derechos reiteradamente sin que salten las alarmas. Fueron sembrados por la policía, acusados por un fiscal que los sabía inocentes, dejados sin defensa por la institución del Estado que debió defenderlos y expropiados de su derecho a apelar la sentencia, por un juez que está incumpliendo con su deber de administrar justicia.
Con Chávez seguimos denunciando el carácter clasista y racista de justicia penal, que reproduce las desigualdades de la sociedad capitalista. Ahora que, en medio de la disputa por puestos en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Asamblea Nacional vuelven a debatir sobre la justicia en el país, le exigimos a ese poder público que evalúe los casos de La Vega, y haga sus mejores esfuerzos por corregir las injusticias que vienen ocurriendo desde hace un año.
Fuente: Prensa Comité por los Derechos del Pueblo
