A principios del mes de enero de 2024, el Presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez Gómez, ordenó a los parlamentarios que iniciarán el ciclo de Consultas Públicas referentes a la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, luego de que en enero de 2023 se aprobara en primera discusión tal instrumento legal.
Esta tarea se le fue encomendada a la Comisión Permanente de Política Interior cuya Presidenta, la Diputada María Gabriela Vega (PSUV), afirmó que esta “busca controlar y hacer seguimiento a las ONG que financian el terrorismo en el país”.
Agregó que “se presume la utilización de fondos ilícitos que reciben las ONG para operar de manera irregular”. Por otra parte, el Vicepresidente de esta Comisión, Julio García Zerpa (PSUV), precisó que “la ley contiene cinco capítulos, 18 artículos y dos disposiciones transitorias, y busca permitir supervisar, revisar y registrar las ONG”.
Esto provocó diversas reacciones en la sociedad civil venezolana, ya que algunos expertos afirman que podría socavar el derecho a la asociación, según lo establecido en la legislación del país. En este sentido, el Abogado, Especialista en Derecho Administrativo y Especialista en Derecho Procesal, y miembro del equipo jurídico de la ONG Defiende Venezuela, Darrin Gibbs, afirmó que “lejos de promover, fortalecer y mejorar el funcionamiento de las ONG y sus fines benéficos, sociales o de interés general, la regulación propuesta busca establecer un riguroso régimen administrativo de control, limitación y sanción en todos los ámbitos de actuación de las organizaciones, incluyendo sus asuntos económicos y financieros”.
Implicaciones de esta Ley Anti-Sociedad
El también profesor-investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aseguró que, de aprobarse esta normativa, “los espacios de acción de las ONG se verán seriamente limitados por un conjunto de medidas administrativas que lesionan gravemente las garantías del derecho de asociación”.
Es por ello que mencionó algunas implicaciones que traería la aprobación de esta Ley:
🔹 Reducción del espacio de la sociedad civil para satisfacer la defensa, protección y garantía de los derechos humanos por parte de las ONG y afines.
🔹 Pérdida de los espacios para defensa y protección de los fines benéficos, sociales, o de interés general, relacionados con la preservación del medio ambiente, la salud, desarrollos científicos, tecnológicos, de derechos humanos, artísticos, literarios, religiosos, educativos u otros ámbitos de utilidad general.
🔹 Violación manifiesta del derecho a la libertad de asociación como derecho humano.
🔹 Coerción del Estado sobre la creación, operatividad y desarrollo de las formas de entidad civil sin fines de lucro, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, limitando severamente el logro de sus finalidades de interés general.
🔹 Impunidad del Estado en la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.
🔹 Sometimiento de las ONG y afines a un sistema de control administrativo exorbitante cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
Esto significa, por ejemplo, que las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos podrían verse afectadas y por consiguientes las víctimas que representa.
La atención a las víctimas está en juego Por otra parte, el jurista detalló que la pérdida de un espacio fundamental de atención, documentación, memoria, asesoramiento y visibilización para la efectiva tutela y reparación integral de las violaciones manifiestas de los derechos humanos, crearía en el Estado
En cuanto a la posición de las ONG, los expertos aseguraron que las mismas deben tomar dos posiciones estratégicas. La primera sería la denuncia en instancias internacionales contra la Ley, debido al régimen de control y sanción que afectará seriamente la operatividad y desarrollo de las ONGS y el cumplimiento de sus fines de interés general.
La segunda, de llegar a ser sancionada y publicada, presentar antes los organismos correspondientes la solicitud de nulidad del instrumento jurídico por ante la instancia judicial correspondiente por razones de inconstitucionalidad y para la tutela y garantía del derecho constitucional a la libertad de asociación.
Es por ello que la Sociedad Civil venezolana debe permanecer alerta y unida ante los ataques sistemáticos del Gobierno nacional que busca minimizar a la sociedad civil y callar a las víctimas ante su deseo de hacer justicia.
Si tienen alguna denuncia o quieren conocer más sobre el tema, comuníquese con Defiende Venezuela a través del correo: [email protected], José Ali Linares, Coordinador de Comunicaciones.
Con Nota de Prensa de Defiende Venezuela
