La Fiscalía de EE.UU. subrayó este lunes que el caso judicial por lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, es de “interés público” y por tanto no se debe cerrar a la prensa ni el público.
En respuesta a una moción de la defensa de Saab, que pidió hacer cumplir las normas de no tomar ni publicar fotos de su cliente obtenidas durante las audiencias de Zoom, como ocurrió al pasado 18 de octubre, pese a que es ilegal, la Fiscalía dijo que “el Gobierno tiene el deber afirmativo general y primordial de oponerse al cierre (al público)”.
En ese sentido, la Fiscalía subrayó que un cierre al público sería “claramente esencial para los intereses de Justicia”, lo que no sucede en este caso.
Explicó que no supone riesgos de llevar a cabo “un juicio justo”, ni “la probabilidad sustancial de peligro inminente para el seguridad de las partes, testigos u otras personas”, como tampoco de que se vean afectadas seriamente el curso las investigaciones.
Sin embargo, la Fiscalía dijo que está de acuerdo con “el acusado Saab Morán de que la Corte debe garantizar el cumplimiento de la Regla Federal de Procedimiento Penal 53”, que prohíbe la toma y difusión de imágenes obtenidas durante las audiencias en el Distrito Sur de Florida.
La Fiscalía señaló que una opción sería permitir el acceso solo a través de llamadas telefónicas, como lo hace el Distrito Sur de Nueva York.
Por su parte, en una carta enviada hoy al juez Robert N. Scola Jr., la agencia de prensa estadounidense AP urge el acceso a la prensa al señalar que el caso Saab es “de enorme interés público” y los medios y el público disfrutan de los derechos a esta información consignados en la Primera Enmienda y otras normas.
En la misiva, el periodista Joshua Goodman recordó al juez que Saab es presuntamente “el cerebro de una vasta red de corrupción”.
Agregó que esta trama ha permitido al círculo íntimo del presidente Maduro, e incluso a los miembros de su propia familia, “beneficiarse significativamente de la sobrevaloración de contratos estatales y eludir las sanciones económicas de EE.UU.”.
Saab enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami después de que el pasado 1 de noviembre el juez Scola desestimó siete cargos de lavado de dinero contra el acusado, que fue extraditado de Cabo Verde, el pasado 16 de octubre.
La reducción de cargos hizo parte del acuerdo de extradición con el Gobierno de Cabo Verde para que, en caso de que sea hallado culpable, la sentencia no exceda la que hubiera tenido en ese país africano.
INVESTIGACIÓN A MEDIOS PENDIENTE
Saab, de 49 años, enfrenta una condena de unos 20 años si es hallado culpable del único cargo que tiene en la corte de Miami, pena que puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.
En el documento de hoy, la Fiscalía señala que no tiene conocimiento de que la norma 53 se haya violado el pasado 1 de noviembre, durante la segunda audiencia de Saab.
Sin embargo, en esa cita los medios no tuvieron acceso a Zoom, ni tampoco a la audiencia presencial, y además Saab, renunció ese día a estar presente.
La Fiscalía además dijo que deja en manos de la corte la solicitud de Saab de investigar a los medios de comunicación que violaron la norma, los cuales están en una lista presentada por la defensa al tribunal, muchos de ellos de la prensa venezolana.
En la próxima vista de Saab, que está prevista para el lunes 15 de noviembre, se prevé que Saab se declarará “no culpable”, según anticipó a Efe su abogado Henry Bell.
Esa audiencia también estará previsiblemente destinada a la solicitud formal de libertad bajo fianza, a la que el fiscal Kurt K. Lunkenheimer ya dijo que se oponía por representar “peligro de fuga”.
EFE
