La muerte del comisario Eduardo Henríquez confirma que la principal vía al oriente del país sigue bajo el influjo de los grupos criminales que germinaron con el programa “zonas de paz”
En la vía hacia el oriente del país hay 760 hombres en armas.
Esta cifra surge de la sumatoria del número de integrantes de las megabandas que hacen vida entre Caucagua y Machurucuto. No incluye a los grupos de Anzoátegui y Sucre.
A partir de marzo de este año, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han levantado información sobre estas agrupaciones al margen de la ley. Desde el ministerio de Relaciones Interiores les ordenaron llamarlas con el acrónimo GEDO, o “grupos estructurados de delincuencia organizada”.
Pero esta denominación ha perdido valor, pues la propaganda oficial llama GEDO a cualquier alianza de tres o más sujetos que sean detectados en una conducta ilegal. Entonces, podemos encontrar GEDOs de estafadores, gente que hurta metales para revenderlos o que se pone de acuerdo para “ceder” sus puestos en las colas hacia las estaciones de servicio, a cambio de algunos dólares.
Lo que diferencia a estas estructuras de las que operan en la Troncal 9 y zonas adyacentes, además del número de sus integrantes, tiene que ver con el ejercicio de la violencia, real o simbólica.
Los grupos que actualmente dominan la carretera a oriente ya no son los del viejo Capracio. Estos surgieron en la segunda década del siglo. Y se consolidaron a partir de 2013, cuando el entonces viceministro de Política Interior José Vicente Rangel Avalos comenzó con su programa “zonas de paz”.
A pesar de la enorme opacidad con la que se llevó a cabo esta iniciativa, gracias a un informe de la Guardia Nacional se determinó que solo en Barlovento había 26 territorios a los que no podían entrar los agentes de cuerpos policiales o militares. Eran como pequeños caguanes, en los que además el Ejecutivo intentaba ganar indulgencias mediante la aplicación de planes de “consolidación” de las organizaciones civiles, mediante el otorgamiento de créditos o el financiamiento a programas que terminaron por beneficiar a las estructuras más sólidas de estos lugares, que eran precisamente las bandas criminales.
El grupo que mató al jefe de Cicpc Caucagua, comisario Eduardo Henríquez, y al encargado de Investigaciones de esa dependencia, inspector jefe José Amador (ahora comisario tras el ascenso post mortem) era conocido desde mucho antes de que se llevaran a cabo las llamadas OLP. Le llamaban la banda de Las Delicias, un poblado que está entre San José de Barlovento y la Troncal 9. Antes era un lugar olvidado, pero con la extensión de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho mucha gente comenzó a transitar por allí, así como por otra vía local que lleva a El Guapo. Ambas son carreteras estrechas, sin iluminación ni rayado, con curvas pronunciadas, fallas de bordes y mucha maleza alrededor. Así que los asaltos a vehículos particulares y de carga son cosa relativamente sencilla.
De allí, la banda de Esteban Eduardo Quintana, alias Eduardo Delicias, pasó a la extorsión, en especial a los pequeños comerciantes y productores de cacao. La extorsión tiene un propósito económico, pero se sustenta en el miedo. Esto lo sabe muy bien la gente de Cumbo, un pueblo a dos kilómetros de Las Delicias. Y cuando alguien intenta romper ese muro, termina descuartizado e incinerado en la vía pública. Así sucedió con dos activistas sociales en mayo de este año, que coordinaban la entrega de bolsas Clap. En esos días, a pesar del escándalo, no hubo una reacción efectiva de los cuerpos de seguridad.
Según estimados de la PNB y de Cicpc, la banda de Las Delicias tiene aproximadamente 200 integrantes. Pero no es la más grande. En el municipio Acevedo hay otra llamada Los 300, y como en la película estos sujetos estarían dispuestos a luchar con fiereza. Luego de la muerte de su líder, conocido como Miguel, en mayo de 2020, el grupo se recompuso y continúa activo.
Otra megabanda opera desde Panaquire. Su líder está plenamente identificado (Yorbin Alexander Machado Raposo, Perrote) y cuenta con unos 150 hombres, aunque su poder de fuego y capacidad de movimiento no es igual al de la organización de Las Delicias.
Desde los cuerpos de seguridad también mencionan a dos bandas, que tienen sus centros de operaciones en Tapipa y El Clavo. La primera, encabezada por los medio hermanos Rolando Machado y Félix Rivero, tiene aproximadamente ochenta integrantes. Y la otra es liderada por alias Menchito.
Todos estos grupos, como se refirió, tienen por lo menos una década de existencia. Como el resto de la población, han sido afectados por acciones policiales puntuales, la cuarentena y el decaimiento económico general. Ahora, tratan de recuperarse. Por esta razón, desde el segundo trimestre se observa una agudización de la inseguridad en la principal vía hacia el oriente del país. La población se entera de estas cosas cuando ocurre algún hecho notorio, como el homicidio de militares que van como pasajeros en camiones objeto de asalto. O la muerte del comisario Henríquez.
Pero en realidad estas son solo señales de una grave situación, que tiene múltiples consecuencias.
Por ejemplo, los camiones de las grandes distribuidoras de comestibles solo se aventuran a Barlovento luego de las 7 a. m., y sus conductores tienen órdenes de no permanecer allí después de las 5 p. m. De ser posible, además, acudirán en caravanas. Todo esto implica importantes costos, y además deja abierta la posibilidad de que algunas zonas queden sin abastecimiento.
Algunas empresas petroleras cuyas centrales están en Caracas han ordenado a sus empleados y ejecutivos no transitar por esa carretera cuando deban ir a los campos de la Faja. Han tenido que establecer “puentes aéreos”, lo que desde luego incrementa los gastos, y transmite al exterior una fuerte percepción de riesgo asociado a la criminalidad.
A propósito de la muerte del comisario Henríquez, el MRI ordenó la ejecución de la operación Barlovento. Una reacción tardía y con un objetivo difícil de conseguir, por lo menos en el corto plazo. No se trata de la Cota 905 o La Vega. Son cinco municipios poco urbanizados, que abarcan 432 kilómetros cuadrados.
Hace cinco años, en octubre de 2016, el ministerio de la Defensa ordenó el emplazamiento de contingentes de la Guardia Nacional y del Ejército en esas mismas zonas. Se llamó operación Orión. Algunas tropas fueron enviadas desde Caracas, otras desde lugares remotos como el estado Sucre. Ante la presión por dar algún resultado, mataron a doce individuos a los que asociaban con las bandas referidas en este trabajo, y ocultaron los cadáveres en una fosa común. Los militares tuvieron que retirarse en medio del rechazo generalizado de la población.
Uno supone que Cicpc tiene mayores recursos de inteligencia para lograr el objetivo a un costo menor. Pero el riesgo de una acción similar a la de Orión está latente, en la medida en que pasan los días y no dan con Eduardo Delicias.
Breves
√ El equipo de defensores de Alex Saab ha intentado en los últimos días dos recursos, con el claro propósito de prolongar la permanencia del extraditable colombiano en Cabo Verde. Según las declaraciones divulgadas por el jefe del equipo legal de Saab, José Manuel Pinto, el primero pretendía la nulidad de la decisión emitida por el Tribunal Constitucional del archipiélago el 7 de septiembre, que desechó las objeciones formuladas por estos litigantes en torno a la legalidad del visto bueno a la extradición. En segundo término, los defensores exigieron una “revisión” de la decisión tomada por la justicia caboverdiana, a la luz del desenlace de una pesquisa de la fiscalía suiza, sobre un supuesto lavado de dinero con fondos provenientes del programa para la construcción de viviendas del gobierno de Nicolás Maduro.
Según el abogado Pinto, un “monto sustancial” de los fondos enviados a la banca helvética “fue recibido de empresas ligadas al mismo programa de viviendas venezolano que está en el centro de la acusación en Miami contra Alex Saab, del 25 de julio de 2019, y sirvió de base al pedido de extradición hecho por EE. UU. a Cabo Verde”. Afirmó que los suizos no encontraron delito alguno asociado al manejo de los referidos fondos, por lo que Saab correría el riesgo de “doble juzgamiento” si es llevado a Estados Unidos para ser procesado por los mismos hechos. El primer recurso de los defensores fue rechazado casi de inmediato. Sobre el segundo, la justicia de Cabo Verde no se había pronunciado al momento de la redacción de esta nota. Sin embargo, esta seguidilla de maniobras hace pensar que Pinto y su equipo ven inminente el traslado de Saab a Estados Unidos.
√ En los nueve meses que van de 2021 las oficinas de la policía judicial han procesado 712 denuncias sobre desapariciones de personas. Esta cifra, conocida extraoficialmente, es llamativa, pues rebasa el total de casos iniciados durante todo 2020. Es posible que la cuarentena implantada a partir de marzo del año pasado haya influido en esta disparidad. Pero se debe tomar en cuenta que durante 2021 se han mantenido las dinámicas de flexibilización y radicalización de la cuarentena, por lo que otros factores deben entrar en juego.
Uno supondría que situaciones como el conflicto planteado en Apure a partir de marzo de este año y las nuevas oleadas de emigración han influido en el incremento de las desapariciones.
Pero las cifras de denuncias conocidas en el estado llanero, así como en Táchira y Zulia son bajas si son comparadas con las de Distrito Capital (148), Miranda (145) y Bolívar (53). En el actual contexto, las desapariciones parecieran estar asociadas a la intensificación del delito organizado o a disputas entre bandas y megabandas por el control de ciertos territorios. Desde luego, estos números pueden cambiar, ya sea porque la persona indicada da alguna señal de vida o porque se constata que ha sido víctima de homicidio, secuestro o privación ilegítima de libertad.
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