La práctica de ejecutar presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado, según la organización
La Asociación Civil Control Ciudadano contabilizó 73 personas fallecidas a manos de policías y militares solo en el mes de noviembre.
Según Control Ciudadano, la cifra de muertos pueden, en su mayoría, ser calificadas como ejecuciones extrajudiciales, con la presunción de la violación del derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso.
Según el registro que lleva la organización, el estado Sucre fue la entidad que más muertos o ejecuciones extrajudiciales registró durante el mes de noviembre con 23 casos. Le siguen Zulia (12), Monagas (6), Caracas (6), Miranda (6), Aragua (3), Bolívar (3), Carabobo (2), Barinas (2) y Falcón (1), Guárico (1) y Táchira (1).
La presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, señaló que “la regla de empeñamiento de los cuerpos de seguridad de Estado y de la FANB, en procedimientos de seguridad, parece ser “disparen a matar”, lo cual no es solo violatorio de la Constitución, sino que además aumenta los niveles de violencia en la sociedad”.
Fuerza mortal en aumento
Control Ciudadano afirma que el uso de la fuerza mortal para combatir la delincuencia parece ir en aumento en Venezuela, con lo cual, la legítima defensa en el ejercicio de la autoridad, parece desvirtuada, traspasando los límites legales.
Entre los organismos involucrados en ejecuciones extrajudiciales, Control Ciudadano señala que la Guardia Nacional Bolivariana aparece señalado en el 40 % de los casos, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Policías Regionales en 33%, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en 27%, siendo menor la participación de otros órganos del Estado como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
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Control Ciudadano destaca que los asesinatos cometidos por policías y militares pocas veces investigados o juzgados a pesar de que la mayoría de los casos tienen características de ser ejecuciones extrajudiciales.
Llamado al Ministerio Público
La Asociación Civil, en su nota de prensa, hizo un llamado al Ministerio Público (MP) para que todos los casos de ejecuciones extrajudiciales en donde hayan estado involucrados los órganos de seguridad del Estado y componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sean investigados y se permita determinar las responsabilidades de los casos. También a que se establezca un fondo financiero que permita reparar a las víctimas indirectas (familiares).
