Chile conmemoró el viernes 18 de octubre el quinto aniversario del estallido social cuando se exigieron cambios en el modelo económico, en una jornada que ahora dejó 65 detenidos y tres policías lesionados, además de declaraciones para buscar justicia. por los heridos en las manifestaciones de hace un brillo.
El 18 de octubre de 2019, el alza de 30 pesos (0,03 dólares) en el pasaje del transporte público de la capital chilena anunciado días antes provocó que millas de personas se manifestaran en las estaciones del Metro de Santiago, lo que desembocó en protestas a lo largo del país que dejaron 34 fallecidos, millas de heridos y arrestados, así como pérdidas millonarias por destrucción de infraestructura pública y privada.
La tarde del pasado viernes, manifestantes se concentraron en la Plaza Baquedano, el epicentro de las manifestaciones en el país sudamericano y que durante el estallido social fue renombrada como «Plaza dignidad», donde se enfrentaron con carabineros, la policía militarizada de la nación austral. , aunque con menor intensidad en comparación con años anteriores.
El subsecretario del Interior de Chile, Luis Cordero, dio a conocer el sábado que durante la jornada de protestas del viernes tres carabineros resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, además de que hubo 65 personas detenidas.
A su vez, el inspector general de Carabineros, Jean Camus Dávila, abundó que se registraron desórdenes, manifestaciones, barricadas y otro tipo de incidentes relativos a contingencias de esta naturaleza.
Camus Dávila precisó, sin embargo, que los detenidos «no guardan relación con las manifestaciones», sino con «acciones ilícitas de grupos de vándalos y delincuentes».
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile difundió el viernes un informe con las querellas presentadas por violaciones a los derechos humanos durante las protestas entre octubre de 2019 y marzo de 2020, cuando terminaron por la pandemia, que ascendieron a 3.233 querellas en favor de 3.828 víctimas.
En solo 42 de los casos se han tenido sentencias condenatorias, cifra que la jefa en la Región Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, calificó de «impunidad».
«A cinco años de ocurrir los hechos, no puede ser que la respuesta judicial sea la cifra que estamos conociendo el día de hoy», expresó la funcionaria a la prensa local.
El INDH también presentó acciones por 227 personas que sufrieron traumas oculares y detalló que del total de denunciantes, el 20 por ciento de las víctimas mujeres acusó algún hecho de violencia sexual.
En esa línea, el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que a cinco años de las masivas protestas en Chile, «las causas estructurales del malestar social siguen vigentes, sobre todo la profunda desigualdad en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales».
«El vandalismo y otras formas de violencia son inaceptables, pero lo que más debe interpelarnos son las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado», señaló en un comunicado emitido por su oficina.
Jarab agregó que el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, lo que «en ningún caso puede significar arbitrariedad o impunidad, sino la obligación de actuar en línea con las normas internacionales de derechos humanos y rendir cuentas».
Hace cinco años, miles de personas salieron a la calle en todo Chile para protestar en contra de la desigualdad y el encarecimiento de la vida, un malestar que según expertos consultados por Xinhua se ha mantenido con aprendizajes tras dos procesos constitucionales fallidos, pero sin cambios estructuras significativas.
