Hay otro país que tiene una ley “contra el odio” y es utilizada para acallar voces críticas. Es la Venezuela de Maduro. Para comprender su génesis, hay que remontarse al 8 de noviembre de 2017 cuando el dictador promulgó la “Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” en un contexto de singular interpretación de odio, convivencia pacífica y tolerancia: cuatro días antes, el diputado Freddy Guevara se vio obligado a pedir refugio en la embajada de Chile en Caracas por las amenazas que sufría por parte del Palacio de Miraflores. La dictadura venezolana lo había dejado a la intemperie al retirarle su inmunidad parlamentaria al acusarlo de instigar a la población con sus críticas. En agosto de ese mismo año, las Naciones Unidas ya habían dejado en claro de dónde emanaba el verdadero odio en Venezuela: el estado era responsable de detenciones arbitrarias y torturas, entre otras aberraciones.
Pero en ese marco -y pese a los esfuerzos de la dictadura de Maduro por intentar presentarla como una ley para la unificación de la sociedad- lo concreto es que en sus años de vida sólo fue una herramienta de persecución política y social. Una mordaza no sólo contra aquellas voces que se elevaban para cuestionar los crímenes del gobierno -explicitadas por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)- sino incluso contra los ciudadanos de a pie que se animaron a criticar la gestión de los servicios públicos, la escasez de gasolina o las pobres políticas sanitarias en medio de la pandemia por COVID-19. La respuesta del régimen a esos reclamos legítimos fue la misma durante estos largos años: la represión, las amenazas, la prisión y la inyección de miedo, siempre amparándose en la “ley del odio”.
El periodista César Batiz director de El Pitazo, explicó a Infobae que la regla se originó a partir de los señalamientos que funcionarios chavistas experimentaban en la calle, restaurantes y aviones por su vida de lujos, situación que el régimen pretendió acallar por medio de esa vía ante el creciente descontento popular. Batiz está en contra de todo tipo de escrache, sin embargo cree que la normativa nació con otro espíritu. “Es una ley arbitraria, autoritaria, no es una ley progresista. No es una ley que vele por la defensa y la protección de los derechos humanos o la promoción de las libertades. Es una ley totalmente autoritaria que ha sido aplicada de acuerdo al funcionario de turno, que así la considere. Es una ley que es utilizada como un mecanismo de coacción a la ciudadanía para que se exprese libremente frente a las arbitrariedades y la corrupción”.
En su Artículo 1, la normativa votada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC, ese órgano creado ad hoc por Miraflores para quitarle el poder a la Asamblea Nacional de Venezuela) parece estar cargada de ironía: “La presente tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación”. Los valores que se enumeran en su Artículo 2, también parecen extraídos de una sátira: dice promover “la vida, la paz, el amor”. No se animaron -o no supieron- incluir el deber humano de ser felices por ley.
Sin embargo, sí incluyeron párrafos destinados a controlar a las voces que pudieran resultar críticas en los medios. La “ley del odio” de Maduro, en su Artículo 12 obliga a las empresas de comunicación a emitir los mensajes redactados por el régimen que considera de paz y tolerancia. “Los prestadores de servicio de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos a la promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de treinta minutos semanales. En la difusión de estos mensajes se otorgará prioridad a aquellos producidos por productores nacionales independientes y organizaciones y movimientos sociales del Poder Popular”.
El Palacio de Miraflores también regula lo que se habla en las redes sociales. Y obliga tanto a quienes emitan el mensaje como a “las personas jurídicas que administran las redes sociales y los medios electrónicos” a cumplir con la normativa. En el Artículo 20 se explicita la sanción a la que podría ser sometido cualquiera que dispare una opinión en redes o en público que sea considerada contravencional por los intérpretes del régimen. “Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (…) será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.
A los medios que según el gobierno incumplan con la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia la amonestación será principalmente económica: “Una multa desde el tres por ciento hasta el cuatro por ciento de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción”. Pero también puede revocar concesiones y bloquear sitios web. Infobae es víctima de esa persecución desde mucho antes de que existiera la ley: sufre censura desde octubre de 2014.
El periodista Darvinson Rojas conoció en carne propia los alcances de la persecución bajo los parámetros de esta ley. Fue imputado y detenido arbitrariamente por “instigación al odio”. En marzo de 2020, 15 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo sacaron de su casa. El sindicato de trabajadores de prensa denunció que la detención estuvo vinculada a los datos que publicaba Rojas sobre la crisis sanitaria por el COVID-19 que recién comenzaba; en otros términos: estuvo 12 días detenido por utilizar su cuenta de Twitter para informar sobre la marcha del coronavirus en Venezuela.
