Mediante un trabajo audiovisual y con el objeto de “hacer memoria”, los integrantes de la organización no gubernamental Comité de Familiares y Víctimas del Caracazo (COFAVIC), recuerdan la masacre cometida en el extinto Retén de Catia el día 27 de noviembre de 1989.
“¡Salgan!, ¡Estan libres!, ¡Corran!, gritaron los funcionarios de custodia en el Retén de Catia el 27 de noviembre de 1992, mientras abrían las celdas”, indica la información publicada en las redes sociales.
La ONG destaca que los reclusos, sobre todo los menos experimentados, corrieron, huyeron, pero no a la libertad, sino a la muerte.
COFAVIC es una de las primeras asociaciones civiles en defensa de los derechos humanos que se ha creado en Venezuela.
Desde el año 1989, a la luz de aquel hecho social denominado “El Caracazo” surgió para ofrecer acompañamiento psico jurídico a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos con enfoque de género.
Dada la gravedad de los hechos, los integrantes de COFAVIC, encabezados por la abogada Liliana Ortega, asumieron la defensa de los privados de libertad que habían sido masacrados por las autoridades, en consecuencia, acompañaron a familiares y amigos, a todas las instancias nacionales e internacionales que debían atender el caso.
“Año y medio después de la convulsión y muerte causada por la brutal represión durante el Caracazo siguió la búsqueda de justicia entre familiares de las víctimas”, indica la publicación.
Agregan: “Es lo que dejan las violaciones de los derechos humanos: un ciclo de dolor siempre abierto y repitiéndose”.
COFAVIC recuerda que a los privados de libertad le aplicaron la “ley de fuga” durante la madrugada del 27 de noviembre de 1992, a la luz de un segundo intento de golpe de estado en contra del gobierno constitucional que encabezaba el presidente de la Republica, Carlos Andrés Pérez.
31 años de impunidad
Al cumplirse 31 años de estos hechos, donde más de 100 personas, entre privados de libertad y familiares, resultaron afectadas por la represión efectuadas por funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana, COFAVIC explica que aún no se han cumplido todas las obligaciones establecidas en la sentencia que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó el 25 de julio del año 2006.
Al enumerar la inacción por parte del Estado la ONG indica que, por ejemplo, no se han identificado los restos de las personas desaparecidas, no se ha adecuado la legislación interna a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y tampoco se ha indemnizado a las víctimas.
