La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado a una audiencia pública en su 186 Período de Sesiones para escuchar sobre las medidas cautelares aprobadas y solicitadas por la ONG Defiende Venezuela, y otras organizaciones, en el contexto de la situación de derechos humanos en el país. La audiencia pública tendrá lugar del 6 al 10 de marzo de 2023, en Los Ángeles, Estados Unidos.
Defiende Venezuela ha solicitado la audiencia pública para tres casos específicos en los que existe una violación de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas y sigue existiendo un incumpliendo de las medidas cautelares acordadas por la Comisión, poniendo en riesgo la vida de las víctimas.
En este sentido, el primer caso que será presentado en la audiencia es sobre la detención arbitraria de Juan José Gámez por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 24 de diciembre de 2019.
Gámez fue detenido sin orden judicial y estuvo incomunicado por varios días, lo que generó incertidumbre sobre su paradero y su estado de salud. Actualmente se encuentra recluido en el Internado Judicial Rodeo II en Guatire, estado Miranda, donde ha alegado haber sido torturado por funcionarios de la DGCIM.
El segundo caso se refiere a C.A.Z.S., quien padece de VIH y no ha tenido acceso a su tratamiento médico desde que fue recluido en la sede del CICPC de Plaza de Toros, Valencia, Carabobo.
La medida cautelar de la CIDH en favor de C.A.Z.S., emitida el 9 de octubre de 2022, exige al estado venezolano adoptar medidas inmediatas para proteger sus derechos a la vida, integridad
personal y salud.
Por último, el tercer caso se refiere a José Ernesto Lasorsa, paciente oncológico en estado de salud crítico que estaría detenido en la Penitenciaria Fénix Lara en la ciudad de Barquisimeto.
Desde la ONG Defiende Venezuela se presentó una solicitud de medida cautelar, la cual fue aprobada por la CIDH, en la que se indicó que Lasorsa se encuentra en estado de desnutrición y sin atención médica.
El Director de Defiende Venezuela, Carlos Briceño, se pronunció al respecto dejando saber que: “La CIDH ha exigido al Estado venezolano que adopte acciones inmediatas para proteger los derechos humanos de los beneficiarios de las medidas cautelares. Sin embargo, hasta la fecha,
el Estado venezolano no ha cumplido con sus obligaciones, lo que ha puesto en riesgo la vida e integridad de los beneficiarios”.
La ONG Defiende Venezuela estará presente en la próxima audiencia pública para brindar más información y alegatos sobre estos casos y para hacer un llamado a las autoridades venezolanas para que respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas en el país.
