El pasado 17 de agosto varias personas, utilizando sus cuentas en la red social Twitter (hoy X), acusaron al activista, integrante del colectivo LGBTIQ+ y mujer trans, Michelle Artiles, de cometer abuso sexual, psicológico, estafa y robo.
Horas más tarde el Fiscal general, Tarek William Saab, anunció, a través de su cuenta de Twitter, que designó al fiscal 98 nacional para investigar los hechos denunciados públicamente en contra Artiles.
El máximo representante del Ministerio Público argumentó lo siguiente: “quien valiéndose de un presunto activismo social accede a las víctimas suministrándole drogas y bebidas alcohólicas con el objetivo de abusar sexualmente de ellas”.
El estallido en las redes sociales no se hizo esperar: muchos usuarios de las herramientas digitales condenaron enérgicamente el proceder de Artiles, otros señalaron que muchas personas conocen lo que viene sucediendo, pero callan y la gran mayoría se limitó a pedir justicia para las víctimas.
El escándalo digital alrededor de este caso es propicio, entre otras cosas, para retomar el debate sobre qué centro de reclusión sería el adecuado para llevar a una mujer trans como Artiles, en caso de que las autoridades comprueben las denuncias formuladas en su contra.
Entre las opiniones expresadas en la red social X se encuentra la de una usuaria que se identifica como @GuaraCuchaFE y que escribió lo siguiente: “A Michelle Artiles no la deben meter presa en una cárcel para mujeres porque si violó a varias mujeres es porque tiene un pene y si tiene un pene es porque es un hombre y se debe juzgar igual que a un hombre”.
Boletin No, 17 de UVL
La Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL), desde hace varios años ha advertido que las cárceles y centros de detención preventiva en Venezuela no cuentan con áreas especiales para albergar a la población LGBTIQ+, situación que pone en peligro sus vidas y su integridad física y emocional.
En julio de 2019 la asociación civil Una Ventana a la Libertad publicó un trabajo de investigacion denominado “Ventana Informativa No. 17 LGBTI+”.
Se trata de un especial en el cual se determina que el 99% de los calabozos policiales en el país no cuenta con áreas especiales para la población LGBTIQ+.
“En estos espacios no se aplica ningún protocolo que garantice el respeto a los DD.HH de los reclusos pertenecientes a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales”, indica el material.
La organización explica que la subcultura de los presos los obliga a adoptar conductas machistas violentas a fin de ganarse el respeto del resto de la población y asegurar la supervivencia.
“Por esta razón muchos se ven obligados a callar su identidad sexual, eso funciona como un antídoto para prevenir la tortura psicológica y corporal a la que pudiesen ser sometidos quienes se declaran LGBTIQ+”, agregan.
UVL, organización no gubernamental que desde hace casi 26 años monitorea la situación de derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, sostiene que la opacidad gubernamental impide conocer cuántas personas de la referida comunidad están recluidas en cárceles y calabozos policiales.
“También carecemos de estadísticas que reflejen la dimensión de la violencia por prejuicio que se desata dentro de estos espacios”, precisa el mencionado boletín.
Leyes, politicas públicas y educación
En noviembre de 2021 la Unidad Audiovisual de Una Ventana a la Libertad realizó un audiovisual titulado: “Situación de las personas LGBTIQ+ en las cárceles venezolanas”.
En el material expertas en el tema, como la abogada Tamara Adrián (mujer trans) y la educadora Quiteria Franco, de Union Afirmativa, explican que para evitar la discriminación contra las personas de este colectivo hacen falta leyes de identidad, políticas públicas y sobre todo, mucha educación.
Carlos Nieto Palma, coordinador general de UVL, recordó que las cárceles y calabozos policiales en Venezuela se caracterizan por el alto índice de hacinamiento porque no hay espacios suficientes para albergar grupos humanos.
El activista indicó que el colapsado sistema penitenciario del país impide una clasificación adecuada y es por ello que todos deben convivir en pequeños e inadecuados espacios.
A través de esta investigacion se precisó que en las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)” tampoco se hace mención al tratamiento y clasificación que deben recibir en prisión las personas de la comunidad LGBTIQ+.
Regla No. 1 de este instrumento indica: “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuento seres humanos”.
Agregan, en la Regla No. 2: “No habrá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.
En silencio
Michelle Artiles, conocida en las redes sociales como @Migurtcita, es egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Hasta los momentos no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si se encuentra en Venezuela. Aún no ha sido detenida, no se conoce concretamente quiénes son sus denunciantes y ante la grave situación, prefirió desactivar sus cuentas en las redes sociales.
