El opositor venezolano Julio Borges aseguró este jueves que la Corte Penal Internacional (CPI) es la “única instancia” para que su compatriotas logren justicia, después de que la Fiscalía del ente hiciera público un informe de la exfiscal Fatou Bensouda que concluye que existe “una base razonable” para creer que diversas autoridades han cometido crímenes de lesa humanidad.
“La falta de instituciones libres en Venezuela convierte a la CPI en la única instancia a la cual pueden acudir las víctimas para lograr justicia, verdad y reparación“, escribió Borges en Twitter, un mensaje replicado posteriormente en un comunicado del bloque opositor.
A juicio de Borges, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado para las Relaciones Exteriores, “los delitos” cometidos por el presidente Nicolás Maduro “no cesan”, por lo que “urge que se avance a la fase de investigación” en la CPI.
El informe de la Fiscalía de la CPI, con fecha del 15 de junio —día en que terminó su labor la entonces fiscal Fatou Bensouda— y con nota de “documento clasificado” hasta el 10 de agosto, concluyó que “hay una base razonable para creer que delitos que competen a la jurisdicción de la Corte se han cometido en Venezuela”.
“Una base razonable”
No obstante, recuerda que será el nuevo fiscal, Karim Khan, quien tome decisiones posteriores acerca del caso.
En el documento, desclasificado esta misma semana, Bensouda considera que, de acuerdo a la información de la que dispone, tiene “una base razonable” para creer que desde abril de 2017 “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progobierno han cometido crímenes de lesa humanidad“.
Entre ellos, está el encarcelamiento “u otros tipos de severa privación de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional“, la tortura y la “violación u otras formas de violación sexual”, así como persecución por motivos políticos.
Sobre él, Borges considera que “recalca” lo que ha denunciado la oposición “desde hace años”, la “falta de independencia del sistema de justicia venezolano para investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y su cadena de mando”.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó tras la desclasificación del informe que las conclusiones emitidas por Bensouda “carecen de valor alguno”, pues las actuaciones de la exfiscal “se llevaron a cabo (…) de manera unilateral y sin tener en cuenta ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe” por las autoridades venezolanas ni la documentación presentada, “demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial”.
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