Ayer 8 de junio de 2023 se cumplen cuatro años del asesinato de Wuilderman Paredes Moreno, cometido por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza ordenado por su jefe, Juan Bautista Cordero Freitez. El hecho ocurrió durante una protesta de personas que tenían más de una semana en una cola de gasolina en el sector Los Llanitos de Tabay, municipio Santos Marquina del estado Mérida. En el mismo también resultaron heridos dos primos de la víctima: Gerardo Paredes y Luis Paredes.
En estos cuatro años la justicia venezolana no ha cumplido sus deberes con las víctimas directas ni con las víctimas por extensión del hecho. Ha habido tres juicios por este caso, el primero de los cuales se reinició luego de que el juez de Juicio Nº 5 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, José Gerardo Pérez Rodríguez, absolviera al jefe policial que dio la orden de disparar y a otros dos policías implicados en el hecho. Los tres funcionarios, Juan Bautista Cordero Freitez, Freddy Bladimir Rodríguez Carrascal y Daniel Antonio Vivas Albornoz salieron en libertad el 6 de abril de 2021 y desde entonces se encuentran prófugos de la justicia.
El 23 de octubre de 2020, el juez Pérez condenó solamente al efectivo de la PNB Luis Gerardo Vargas Dávila, sentenciándolo a 18 años y 6 meses de prisión por la muerte de Wuilderman Paredes. Los otros cinco policías implicados en el caso fueron absueltos. La defensa de Vargas apeló la sentencia y la Corte de Apelaciones decidió retrotraer el caso e iniciar un nuevo juicio. La jueza de Juicio Nº 3, Luisana Darleni Rodríguez Contreras, dictó sentencia condenatoria contra Vargas el 2 de septiembre de 2022, también con una pena de 18 años de cárcel.
Una vez más, la defensa del PNB Luis Vargas apeló la sentencia y la Corte de Apelaciones ordenó, por segunda vez, comenzar un nuevo juicio, que se inició apenas el 30 de mayo de 2023 a cargo del Tribunal de Juicio Nº 1 del Circuito Judicial Penal de Mérida. A este nuevo juicio han sido citados los otros cinco funcionarios de la PNB involucrados en el caso, pero solo se han presentado Erika del Carmen Peña Sánchez y Junior Enrique Valero Ortega. El jefe que ordenó disparar, Juan Cordero, así como los oficiales Rodríguez y Vivas, siguen sin presentarse, pese a existir órdenes de aprehensión contra ellos.
Régimen de Maduro niega impunidad y omite responsabilidad de jefe policial
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyo equipo legal representa la defensa de Gerardo Paredes y Luis Paredes, así como de las víctimas por extensión de Wuilderman Paredes, presentó estos casos ante la Relatoría Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), como casos de ejecuciones extrajudiciales: la primera consumada y la segunda en grado de frustración.
Agnès Callamard, por entonces relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó un llamamiento urgente al gobierno de Venezuela sobre este caso el 9 de marzo de 2020. En este pedía al régimen de Maduro proporcionar información acerca del curso de la investigación sobre el asesinato de Wuilderman Paredes, así como las medidas adoptadas para llevar ante la justicia a todos los responsables y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de la víctima. La relatora también solicitaba información acerca de las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar que las normas internacionales de derechos humanos se apliquen a acciones de la fuerza pública en instancias similares.
La respuesta del régimen de Nicolás Maduro llegó un año y cuatro meses después, el 14 de julio de 2021, en una comunicación suscrita por la Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales. Allí el gobierno aseguraba que el caso estaba nuevamente en fase de juicio, sin mencionar que los efectivos policiales Cordero, Rodríguez y Vivas se encontraban ya prófugos de la justicia.
El gobierno tampoco se refiere a los derechos de verdad, justicia y reparación que debe garantizar a las víctimas directas e indirectas de este caso. Wuilderman Paredes dejó huérfana a una bebé de apenas seis meses de nacida, quien dependía económicamente de él junto con su madre y su abuela. Gerardo Paredes, por su parte, quedó impedido para trabajar en su oficio -la mecánica de maquinaria pesada- debido a las graves lesiones que le causaron los disparos propinados por los oficiales de la PNB, al mando de Juan Bautista Cordero.
Al final de su respuesta, el régimen solicita a la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que el caso de Wuilderman Paredes se dé por concluido, “debido a las informaciones aportadas y las explicaciones brindadas por el Estado venezolano”. Esta solicitud demuestra la ausencia de interés del gobierno por evitar la impunidad, hacer justicia y reparar a las víctimas.
Ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad
En la referida respuesta a la relatora especial Agnès Callamard, el régimen miente al negar que existan casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios de la fuerza pública. “Venezuela otorga alta prioridad a garantizar el cumplimiento de la obligación de los funcionarios responsables de cumplir y hacer cumplir la ley, especialmente en materia de seguridad ciudadana de proceder de acuerdo con las normas sobre el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza y el Uso de Fuerza Potencialmente Mortal, en las cuales se establece el uso de armas de fuego solo en casos excepcionales”, dice la respuesta gubernamental.
El ODH-ULA lamenta la impunidad que se mantiene en este caso y no deja de exigir al Estado venezolano que cumpla con su deber de hacer justicia y de reparar debidamente a las víctimas. Asimismo, esta organización recuerda que la ejecución extrajudicial es un crimen de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma. El caso de Wuilderman Paredes debe ser considerado como una ejecución extrajudicial y por tanto incluido en la investigación sobre Venezuela que solicita el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.
