Al mediodía del 4 de marzo de 2020, a los dueños de la Agropecuaria Rancho Moderno, una finca ubicada en el municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas, en los Llanos Occidentales de Venezuela, les llegó la notificación del Instituto Nacional de Tierras (INTI): su unidad sería “rescatada”. El organismo oficial también les comunicaba que los propietarios tenían 60 días para defenderse en un tribunal, contados a partir de la notificación.
CARLOS SEIJAS MENESES // ARMANDO INFO
“Rescatar” es el eufemismo con el que la autodenominada Revolución Bolivariana llama a la toma de predios sin reconocimiento de la propiedad privada y sin pagar la indemnización obligatoria en una expropiación ya que, luego de la reforma de la Ley de Tierras de 2005, todas las tierras de Venezuela se consideran públicas hasta que los propietarios obtengan el Registro Agrario Simple tras presentar la cadena titulativa completa.
El entonces presidente del organismo, Luis Fernando Soteldo, ordenó rescatar las 286 hectáreas del Rancho Moderno para entregárselas a unas personas que se decían campesinos y que habían ocupado y reclamado el predio. En el ínterin, saquearon las instalaciones y afectaron la producción de la finca. Es el mismo modus operandi que, según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), ha ocurrido en al menos otros 500 predios.
La orden de Soteldo desconocía el Título de Adjudicación de Tierras y la Carta de Registro Agrario emitidas por el mismo INTI en 2012, documentos que certifican no sólo la propiedad, sino también la producción del predio.
Pero aún antes de la orden y de su notificación a los propietarios -quienes, a la postre, no pudieron ejercer su defensa por la paralización de los tribunales, apenas días después del anuncio y por siete meses, durante la cuarentena de la Covid-19-, desde el INTI trazaban planes para tomar y seccionar Rancho Moderno. Consta en un documento, fechado el 28 de enero de 2020, donde Soteldo había dividido la finca en 148 partes y aprobado de antemano los respectivos títulos de adjudicación de tierras. El documento lleva la firma del abogado Luis Alfredo Rivero González, consultor jurídico del INTI durante la gestión de Soteldo.
En abril de 2020, Luis Soteldo entregó el timón del organismo a otro Luis: Luis Alfonzo Mendoza Jáuregui, quien en el equipo de Soteldo había figurado como Gerente de Registro Agrario. Su gestión fue de continuidad con respecto a la de su predecesor. En diciembre de 2020, Mendoza entregó los títulos individuales sobre las tierras de Rancho Moderno. Uno de ellos fue otorgado a una mujer de nombre Nereida Hortencia Ángel Berrios, pareja del ingeniero Alex Omar Moreno Rondón, entonces coordinador de la Oficina Regional de Tierras (ORT) de Barinas, a quien adjudicaron una superficie de un poco más de cinco hectáreas.
El actual presidente del INTI, David José Hernández Giménez, quien en febrero de 2021 sustituyó a Mendoza, no ha revertido el destino de Rancho Moderno, a pesar de que en abril de este año prometió a los propietarios y al equipo legal que lo haría. Dejó de responder las comunicaciones hechas a través del coordinador de la ORT Barinas, Carlos Márquez. Un silencio total que mantiene la actual directiva del ente en relación con los rescates previos a la actual gestión. Hernández solo se manifiesta por Twitter, y apenas para responder a mensajes de personas que piden tierras.
Mientras, los dueños de Rancho Moderno apenas mantienen el control sobre ocho hectáreas, menos de 3% de lo que era su propiedad original: 286 hectáreas que en los hechos se sumaron a las 3,7 millones que el INTI asegura haber entregado entre 2016 y agosto de 2020.
En otras palabras, en ese periodo de cuatro años se intervinieron 41% del total de tierras entregadas desde 2001, cuando el entonces presidente Hugo Chávez declaró la “guerra contra el latifundio”. Las nueve millones de hectáreas repartidas en las últimas dos décadas equivalen, en palabras del ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, a casi la mitad de las tierras aptas para la actividad agropecuaria en la región de Los Llanos.
En suma: en el último quinquenio se recrudeció la política oficial de toma de tierras. Y esa política adquirió tonalidades de una verdadera razzia durante la gestión de Luis Soteldo, con carácter de viceministro, en el INTI.
“Las intervenciones nunca se han detenido, pero recrudecieron de manera delincuencial a partir de la llegada de Luis Soteldo al INTI”, aseguró una fuente del estado Yaracuy, en el centro occidente del país. “Yo tengo una vida relacionada con el INTI. Yo viví lo que fue Juan Carlos Loyo y la era de Elías Jaua [antiguos encargados chavistas del área, distinguidos por su fundamentalismo], y puedo decir que no ha habido un periodo de más malandraje en el INTI como el de Luis Soteldo y Luis Mendoza”, sentencia el declarante, quien sufrió en carne propia ese expolio y pide mantenerse en el anonimato.
Armando.info trató de comunicarse por vía telefónica con Luis Soteldo pero no respondió las llamadas. Mendoza, por su parte, respondió a la llamada y pidió que se le enviara por correo electrónico las preguntas, pero no se recibió respuesta. Castro Soteldo tampoco contestó las llamadas telefónicas.
Resulta llamativo, pero la intensificación de esa política de tierra conquistada parece representar lo opuesto de la política de reprivatización de activos estatizados por el régimen, que bajo la admonición de una supuesta “burguesía revolucionaria” -al parecer, constituida por sus más allegados- adelanta desde su despacho el ministro Castro Soteldo, ex comandante de la Aviación y uno de los oficiales del grupo golpista original de Chávez en 1992. Castro Soteldo, además, es tío de Luis Soteldo; es decir que, en medio del paroxismo expropiador del sobrino, el viceministro, este reportaba a su tío, el ministro.
Armando.info cubrió las historias de 17 fundos privados ubicados en los estados Barinas, Zulia, Mérida y Lara, afectados desde el inicio de la administración de Luis Soteldo al frente del INTI, en octubre de 2017. En casi todos se comprueba una realidad que el propio ministro Castro Soteldo ha reconocido en público: la mitad de las áreas rescatadas permanecen improductivas. Pero se agrega un aspecto particular de esa gestión: de los 17 casos, 14 fueron resultados de la intervención oficial, con órdenes de rescate firmadas en Caracas, sobre predios que estaban productivos para el momento.
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