A. nunca pensó que después de salir del colegio de su hijastro terminaría esposado, de una mano, con un acusado de homicidio y, al mismo tiempo, de la otra, con alguien señalado por robo. Tampoco pensó que alguna vez entraría detenido al Helicoide, aquella estructura diseñada por dos arquitectos alemanes y un venezolano durante la exaltación desarrollista del perezjimenismo para ser un centro comercial que, casi 70 años después, sirve hoy como una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin, policía política), así como para algunas brigadas del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y que funciona además como el mega calabozo de presos políticos de la autodenominada Revolución Bolivariana. Un recinto del horror.
Pero A., que no había cometido delito alguno, fue a dar allí el miércoles anterior a la reciente Semana Santa de 2023. Fue el comienzo de una travesía por las catacumbas de la intimidación y del chantaje.
Su rutina cotidiana incluye llevar a su hijastro al colegio y luego ir a clases de natación, un día a día que transcurre dentro de los límites del municipio Baruta, uno de los cinco que constituyen Caracas. Ese miércoles salió junto a su esposa, como de costumbre, del colegio del niño, tras dejarlo en la mañana, pero fueron detenidos por cuatro funcionarios que los interceptaron a bordo de dos motos en la zona de Bello Monte. Pertenecían a la séptima brigada motorizada de la Policía Nacional Bolivariana.
Tras el abordaje, los funcionarios les pidieron sus papeles: licencia, carnet de circulación del vehículo y cédula de identidad. Uno de los hombres revisó los asientos del carro. La mujer de A. sacó su celular e hizo un intento fallido de grabar. El uniformado dijo: “Listo, encontramos marihuana”. Señaló un bolso de natación que estaba mojado y mostró enseguida una pequeña bola verde en sus manos. Le arrancaron de las manos el celular a la pareja de A., y los hicieron montarse a ambos en el carro con dos funcionarios adentro para obligarlos a manejar a un lugar que no revelaron de primeras.
El Helicoide resultó ser el destino final para el paseo.
La edificación aloja desde hace algún tiempo unas oficinas de la CPNB, la principal fuerza de seguridad civil en el ámbito nacional, conformada en 2009.
El organigrama de este cuerpo policial se ha ido expandiendo. Incluye seis divisiones de vigilancia y patrullaje con presencia en diversas áreas: Aeroportuaria, Portuaria y Aduanas, Ferroviaria, Subterránea y de Teleférico, Espacios Acuáticos, Policía Turística, Custodia Diplomática y Policía Ambiental. También tienen divisiones aparte para cubrir Vías Rápidas; Tránsito Terrestre; una Policía de Migración; otra Comunal; para el Orden Público; la de Atención a la Víctima; División contra las Drogas y División Canina.
También tiene una División de Inteligencia Estratégica, otra dependencia con funciones similares y paralelas a las que ejerce el Sebin, con el fin de prevenir delitos o adelantarse a hechos, según informa el cuerpo de seguridad en su página web. Y una Unidad de Operaciones Especiales, para prestar apoyo táctico a otros cuerpos de seguridad.
A. quedó detenido en la CPNB. Lo metieron dentro de una de las celdas y le esposaron mano con mano con el señalado por homicidio y con el señalado por robo, los Dimas y Gestas del viacrucis particular de A.
A la pareja de A. la dejaron sentada en una escalera al lado de la celda, esposada a las barandas de una escalera. A. no alcanzaba a verla.
Ella recuerda el cinismo peligroso de sus captores. También los apellidos que mostraban en sus uniformes. “¿Fumas marihuana para tener relaciones más ricas?”, le preguntó un funcionario de apellido Sánchez y que, como rasgo llamativo, tenía los ojos verdes. Ella no le respondió. Le repitieron una y otra vez que pensara a quién llamar para que les acercara 10.000 dólares, o serían presentados a Fiscalía por posesión de estupefacientes.
Ella dijo que su hijo saldría al mediodía del colegio y alguien tenía que buscarlo. Sólo la dejaron llamar a su suegra con el teléfono en altavoz para pedir que lo buscara, bajo vigilancia y amenaza de represalias si acaso revelaba que estaba detenida.
A. le silbaba y ella le respondía igual. Fue la única forma por la que consiguieron comunicarse. Así supieron que ambos seguían en el mismo lugar y estaban bien.
Pasó una hora y los uniformados, en número de ocho, dieron otra orden a la mujer: tenía que llamar a su suegro y decir que A. estaba detenido, sin dar más detalles ni decir dónde estaba. Así lo hizo. Otra vez bajo la misma coacción y con el teléfono en altavoz.
Al pasar un rato, los funcionarios se comunicaron directamente con el padre de A. desde el teléfono de su esposa. Se alejaron. Ella no pudo escuchar qué decían, pero en una hora llegaron su suegro y un primo de la familia. Los separaron y ambos hablaron con funcionarios diferentes. Tras salir del interrogatorio, el primo avisó que tenía que buscar 5.000 dólares para que la pareja pudiera quedar en libertad.
