(EFE).- Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay emitieron este viernes una declaración conjunta expresando su profunda preocupación por las condiciones en las que se desarrollará el próximo proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela, con las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.
En la declaración, estos Gobiernos denuncian “el hostigamiento y la persecución sistemática contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana”, así como contra miembros de la sociedad civil, lo que consideran un grave obstáculo para la realización de un proceso electoral legítimo.
En vísperas de las elecciones presidenciales en Venezuela, programadas para el 28 de julio, el ambiente político es sumamente tenso y marcado por la incertidumbre y la controversia.
El actual presidente, Nicolás Maduro, busca la reelección en un contexto donde la oposición, representada por Edmundo González Urrutia, ha ganado un apoyo significativo.
Declaración Conjunta de los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay sobre el proceso electoral venezolano
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— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) July 19, 2024
González, un diplomático inicialmente desconocido, ha emergido como un contendiente fuerte tras la descalificación de la líder opositora María Corina Machado y las restricciones impuestas a otros candidatos antichavistas.
Las elecciones han sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. La falta de observadores de la Unión Europea y las restricciones a la participación de la diáspora venezolana han sido señaladas como evidencias de un proceso electoral poco transparente. Sin embargo, habrá observadores de Naciones Unidas y del Centro Carter y se espera una gran movilización de testigos electorales en los centros de votación
Preocupación por “las detenciones arbitrarias”
En su pronunciamiento, los Gobiernos signatarios denunciaron la “detención arbitraria” de numerosas figuras relacionadas con la oposición, calificando estos actos como “una violación directa a los derechos fundamentales y al Derecho Internacional”. Han exigido el cese inmediato “del hostigamiento, persecución y represión” contra activistas políticos y sociales, así como “la liberación de todos los presos políticos”.
La declaración conjunta también exige al Gobierno de Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente en lo que respecta a la emisión de salvoconductos para miembros de la campaña opositora que se encuentran asilados en la sede diplomática de la República Argentina en Caracas.
Los países firmantes han insistido en que estas acciones son esenciales para garantizar un entorno electoral libre y justo.
A pesar de las adversidades señaladas, los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay han expresado su esperanza y admiración por “el civismo, entusiasmo y patriotismo” de gran parte de la sociedad venezolana que se prepara para acudir a las urnas. Han destacado la dignidad y el espíritu democrático del pueblo venezolano, que persiste en su empeño por ejercer su derecho al voto.
Llamado a la transparencia y al respeto de los DD.HH.
Los firmantes han subrayado que las próximas elecciones representan una oportunidad crucial para traer paz, unidad, progreso y democracia a Venezuela.
Para ello, han enfatizado la necesidad de que las autoridades venezolanas cumplan estrictamente los compromisos adquiridos con la oposición en los Acuerdos de Barbados y respeten los principios democráticos, así como los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los venezolanos.
Finalmente, la declaración conjunta exhorta a que el resultado de las elecciones sea un fiel reflejo de la soberanía popular venezolana.
Para alcanzar esta legitimidad, insisten en la necesidad de garantizar la transparencia del proceso electoral y la libre expresión ciudadana a través del voto.
Los Gobiernos firmantes, presididos por mandatarios que van desde la extrema derecha hasta la socialdemocracia, han reafirmado que en una democracia, la soberanía reside en la ciudadanía, y por lo tanto, la voluntad del pueblo debe poder expresarse sin intimidación ni obstáculos.
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