Frente al derrumbe del sistema educativo público, en Montalbán, estado Carabobo, toman auge las alternativas pedagógicas denominadas tareas dirigidas o microescuelas.
Corresponsalía lapatilla.com
Así lo reveló un estudio de la asociación académica Un Estado de Derecho (UED), realizado entre enero y julio de este año, que arrojó que existen al menos 63 microescuelas en este municipio del occidente de la entidad carabobeña, el cual cuenta con una matrícula oficial para el período lectivo 2021-2022, de 4.456 estudiantes, de los cuales 2.113 son alumnos de primaria (46%), 1.392 de media general (31%), 885 de inicial (20%), 105 de educación de adultos (2%) y 61 educación especial (1%).
La investigación, que es la segunda que ejecuta a nivel nacional UED (la primera fue realizada en Petare), reflejó que “con un contexto general de pobreza extrema, dentro del cual el sistema educativo formal se muestra en ruinas y prácticamente inexistente. El denominado Territorio Escolar lo componen 25 instituciones: 24 públicas y un agonizante liceo privado con 56 alumnos”.
Los 63 pequeños centros de aprendizaje o microescuelas fueron registrados por UED a través de un censo que abarcó todos los sectores de Montalbán. Se pudo conocer que atienden a 703 niños y jóvenes, cifra equivalente al 16% del padrón gubernamental.
La investigación fue dirigida por Antonio Canova, abogado, especialista en Derecho Constitucional, docente de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y director de UED, bajo la tutoría de Klaus Jaffe, químico, profesor emérito y coordinador del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Simón Bolívar.
De las encuestas, se desprendió que 66% de la matrícula de las unidades no oficiales está compuesta por alumnos de primero a sexto grado.
“Surgen sin planificación, son el producto de la libre auto-organización de personas que voluntariamente buscan y encuentran alternativas frente al derrumbe del sistema educativo gubernamental”, explicó Canova, al acotar que se trata de una tendencia mundial de rechazo a la enseñanza estandarizada, y que en Venezuela se manifiesta con las características propias de la emergencia humanitaria.
A las microescuelas espontáneas de Montalbán asiste el 22% de los inscritos en la educación primaria pública.
La UED describe como un libre mercado educativo, la interacción entre padres y docentes acordando, al margen de regulaciones oficiales, las condiciones de contratación de servicios privados de enseñanza. Por ejemplo: la tarifa es en dólares.
Refieren que hay formas de pago semanal y por hora, y el pago tiene promedio de 3 dólares a la semana.
El 90% de los niños y jóvenes que acuden a estos centros, pagos, de bajo costo, son alumnos de instituciones públicas.
“Conseguimos lo mismo que en Petare: familias pobres haciendo el enorme esfuerzo de pagar, adicional a lo que ya gastan para mantenerse en el sistema oficial, educación para sus hijos. Y lo volvemos a decir: la respuesta a por qué lo hacen luce tan obvia como la situación educativa del país”, expresó el director de UED.
El 63% de los docentes encuestados ya se dedicaban a dar tareas dirigidas antes de la pandemia, indica la investigación. No obstante, el confinamiento hizo que aumentara el número de alumnos.
El éxito de esta modalidad radica en que son grupos más pequeños y las clases son prácticamente individualizadas, lo que parece calar mejor en el estudiante. En estos lugares no solo se les refuerzan a los muchachos lo impartido en sus centros educativos oficiales, sino que además les proveen nuevos conocimientos.
“Allí se produce un proceso educativo completo. Los datos recabados en Petare, y ahora en Montalbán, nos proporcionan suficientes elementos para sugerir que es en estos espacios donde los niños realmente están aprendiendo”, refiere el informe.
UED resaltó otro hallazgo relevante: 62% de los contenidos impartidos en las microescuelas montalbaneras se extraen de distintas fuentes pedagógicas libres, no del adoctrinador currículo bolivariano.
Ana Chirivella es docente activa, tiene 14 años de experiencia. El bajo salario que devenga como profesora y la crisis por la pandemia, fueron factores que la empujaron a reinventarse.
“No es un secreto para nadie que no alcanzaba para cubrir los gastos y, segundo, con la pandemia muchos representantes buscaron el apoyo para ayudar a sus niños”, manifestó en una entrevista concedida a Lapatilla.com
Por su parte, Nancy Serrano tiene 15 años de graduada y siempre trabajó en colegios privados, hasta hace 10 meses que tomó la decisión de renunciar. Aseguró que pese a que le gusta estar en aulas de clase, su calidad de vida no era la deseada, aunado a que la escuela quedaba lejos de su casa, y la crisis con la gasolina y el transporte jugó en contra.
“Ya en casa me di cuenta de que yo quería seguir dando clases, y ahí surgió la idea de dar tareas dirigidas y me va bien”, resaltó. Explicó que cobra 4 dólares semanales por niño y atiende entre cinco a seis niños por turno.
Ambas docentes coinciden que lo más gratificante es ver cómo los muchachos van superando sus debilidades y nutriendo sus fortalezas.
El estudio realizado por UED refleja que 35% de los docentes de tareas dirigidas tomaron esta decisión por compromiso vocacional, seguido de 32% que lo hicieron motivados por la necesidad económica y el resto atendiendo la demanda de los padres, asunto que los investigadores ven como una clara alineación de incentivos positivos.
Poco más de la mitad (52%) de los docentes de los centros espontáneos trabajan también en el sistema educativo formal: 92% en instituciones públicas.
Los docentes de estas llamadas microescuelas perciben un ingreso promedio de 126 dólares al mes. Esta cifra triplica el salario base, en bolívares, de un docente del máximo escalafón público, que a esta fecha equivale a unos 44 dólares mensuales.
Quienes hicieron el estudio llegaron a la conclusión de que “luce altamente improbable una mejora del sistema oficial venezolano. Las microescuelas espontáneas se manifiestan como factores de solución inmediata para mitigar el rezago escolar y, por qué no, ensayar un nuevo modelo basado en el derecho a la elección educativa”.
Canova considera válido que desde los organismos públicos, con apoyo de la mayoría de los especialistas en desarrollo, expertos educativos y defensores de derechos humanos, se insista en el modelo educativo centralizado y estandarizado.
“Lo que cuestionamos es que estos actores siguen habilitados, los primeros legalmente, para prohibir, entorpecer o censurar la libertad de las familias, en especial de las más pobres, de beneficiarse con formas alternativas, de calidad y accesibles, para educar a sus hijos”.
