La Tortuga es una isla en el Mar Caribe perteneciente a Venezuela, incluida geográficamente en las Antillas Menores y administrativamente hace parte de las Dependencias Federales. Arenas blancas, aguas turquesas, una diversidad de 24 especies de aves y un refugio de tortugas marinas son algunos de los atributos de la isla.
Un territorio casi virgen, donde el régimen de Nicolás Maduro busca levantar un desarrollo turístico para “atraer” la inversión extranjera, sin tomar en cuenta las consecuencias que estas pueden generar en su ecosistema.
En 2005, el fallecido presidente Hugo Chávez, prometió abrir a los turistas una iniciativa que caló poco por la escasez de opciones de transporte marítimo y aéreo, además de lo costoso de los paquetes turísticos que se ofrecían.
Asimismo, la lejanía ha sido otro de los obstáculos, puesto que la travesía desde Higuerote, en el estado Miranda toma cerca de tres horas y media. Además del fuerte oleaje que hay para llegar hasta la isla, por viajar a contracorriente en alta mar.
Sin embargo, 10 años después Maduro anunció entre los años 2014 y 2015 un proyecto similar que hoy se propone como parte de la zona económica especial. Posadas, muelles, restaurantes, una planta de energía, un centro de procesamiento de residuos e instalaciones para diversos servicios son algunas de las obras que se incluirían.
Un plan que resulta ambicioso por decir lo menos, y es que el régimen de Maduro quiere construir al menos 10 hoteles tipo “resort, de muy alto nivel”, un aeropuerto internacional, un puerto donde puedan atracar cruceros de alta gama, un sistema de energía solar y eólica así como un centro de investigación tecnológica por petición de Maduro.
“El proyecto virgen, ecológico, más importante del mundo entero está aquí en el Caribe Venezolano” fueron las palabras de Nicolás Maduro tras su anunció en televisión nacional, durante la presentación del proyecto a finales de julio.
Y es que el chavismo aspira que La Tortuga sea “el gran centro turístico del Caribe” con el impulso de inversionistas del extranjero.
De acuerdo a Joaquín Benítez, ingeniero y director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señaló en conversación con LaPatilla que “se necesita conocer con más detalle la propuesta del plan” sin embargo a “partir de lo anunciado y del video de promoción es posible anticipar algunas consecuencias de lo que pudiera ocurrir en términos de impacto ambiental”.
Las advertencias han sido claras por parte de los especialistas, ya que levantar en un territorio frágil este tipo de infraestructuras, considerado como turismo de alto impacto, podría ocasionar efectos irreversibles en el ecosistema y acabar con los atributos que la convierten en un paraíso en el mar Caribe.
La profesora de la Facultad de Ciencias, Ana Herrera con doctorado en Ecología, conversó con el equipo de LaPatilla y explicó lo que ocurriría con las comunidades coralinas que se encuentran bajo peligro así como los cambios que traería a la isla dicho proyecto.
“Las comunidades coralinas son sistemas muy frágiles que necesitan condiciones ambientales particulares para poder mantenerse en el tiempo” manifestó la profesora Herrera. Además señaló que debido a que los corales son animales sin movimiento “sin posibilidad de escape y además de lento crecimiento” al morir no es viable “bajo las condiciones actuales de la región que se establezcan nuevos organismos y alcancen los tamaños de reproducción en un futuro próximo”.
Asimismo, la profesora detalló las importantes especies de corales que existen en La Tortuga y se encuentran en peligro de extinción “Acropora palmata, Orbicella Annularis, Orbicella Faveolata, que morirán junto con otras especies de coral de existir cualquier perturbación en la calidad del agua” lo cual repercute negativamente en “las poblaciones de estos animales, no solo en la isla sino en la región”.
Una idea que comparte, el ingeniero con postgrado en gerencia ambiental, Joaquín Benítez quien destacó en cuatro categorías el impacto ambiental que se generaría en la isla. “Interferencia con la fauna presente, como es conocido hay tortugas, aves playeras y migratorias, además hay cetáceos alrededor de la isla”.
Benítez detalló que con las tortugas la interferencia pudiera ocurrir “por modificaciones de la línea de costa, presencia de muchas personas en la playa, iluminación artificial nocturna, afectando las dinámicas de nidificación”.
En cuanto a las aves “en especial las migratorias, en la isla hay lagunas costeras, manglares, -que sirven como sitios de paso, descanso, alimentación y tránsito de aves que vienen del norte del continente- si estas se contaminan y los espacios se ven afectados por construcciones, pudiera haber problemas con la fauna”.
En este sentido, la profesora añadió que la isla La Tortuga es “considerada como una gran guardería para un gran número de peces e invertebrados como cangrejos, langostas, pulpos, entre otros”. Lo que significa que al “mermar la calidad de los beneficios que otorgan estos sistemas aumentaría la tasa de mortalidad de individuos jóvenes generando la disminución de poblaciones de importancia ecológica y económica, afectando principalmente el sistema pesquero de nuestras costas”.
Un proyecto de tal envergadura debe ser estudiado a profundidad, así destacó Benítez quien calificó a la isla como un espacio destinado a la preservación que puede ser aprovechado turísticamente “siempre y cuando sea respetada la capacidad de carga del lugar”.
“Lo que se ve en el video sobre lo que puede ser el aeropuerto de La Tortuga es una instalación muy grande además que ha sido anunciado como internacional, entonces debe incluir una pista muy grande, oficinas, iluminación con cierta intensidad, debe implicar unas cosas que en un ambiente natural, silencioso, donde hay aves migratorias pudiera no ser tan sostenible” agregó.
Por su parte, la profesora Herrera enfatizó que un proyecto de grandes dimensiones “debería realizarse un estudio económico preliminar que evalúe si las ganancias devengadas por el turismo compensa las pérdidas económicas y alimentarias de varios sectores de la nación”.
“Un paraíso en la tierra”, así describen los turistas que han pisado este pedazo de tierra, una inmersión en el caribe venezolano. Una isla totalmente virgen, ya que no cuenta con infraestructuras, por lo cual no tiene habitantes más allá de los visitantes que la frecuentan para disfrutar de sus aguas cristalinas, sus arenas blancas y su clima tropical.
“La isla debería seguir manteniendo las condiciones actuales” reiteró la profesora de la Facultad de Ciencias, Ana Herrera quién además mencionó sus estudios realizados en el año 2011 junto a investigadores de la UCV y la Universidad de Oriente los cuales “demostraron la alta biodiversidad de la isla así como la importancia que tiene como área guardería para individuos que vienen de la costa”.
“De perderse está isla se perdería la conexión entre ambientes y con ello se desestabilizaría la red ecológica natural” agregó.
Investigaciones que han ido mermando debido a los costos que implican, “lamentablemente nosotros los científicos nos cuesta los monitoreos ambientales, por lo que implica la logística, estudios de laboratorio y el bajo presupuesto para la investigación” señaló.
Para Benítez “una intervención adaptada a las condiciones y limitaciones que ofrece el ambiente en la isla” no está mal, pero enfatizó en “no pensar en grandes infraestructuras, en aeropuertos internacionales, canchas de golf, puertos de cruceros, debe ser un desarrollo turístico sostenible, armónico, dirigido al disfrute de la naturaleza y promover los valores ambientales”.
El acceso a la información es un derecho humano fundamental y un instrumento básico para la participación ciudadana en un sistema democrático, fortaleciendo la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones públicas.
En el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que “todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas”.
Normas que han sido violadas durante muchos años por parte de la cúpula chavista, para el ingeniero Benítez “la transparencia en los procesos de evaluación de impacto ambiental están normadas, debe ser transparentes” agregando que dichos estudios sirven de base “para tomar decisiones y emitir autorizaciones, son documentos públicos que deben permanecer en los archivos”.
Además agregó que durante las evaluaciones de los impactos ambientales “está la figura de “audiencias públicas en donde las partes interesadas no solamente son consultadas durante la realización del estudio además pueden consignar observaciones en respaldo a sus posiciones”.
Dicha observación es compartida por la profesora Ana Herrera, quien agregó que las “evaluaciones de impacto ambiental deberían realizarse por las universidades, quienes cuentan con los profesionales expertos y a la vanguardia para realizar los estudios y monitoreos pertinentes”.
“Cualquier evaluación de impacto ambiental debe ser pública y de libre acceso a la ciudadanía” enfatizó Herrera.
Benítez reiteró que las evidencias sobre efectividad de gestión ambiental en el país “no nos permite augurar cosas muy buenas, en Venezuela no hay un estado del ambiente que uno pudiera decir que es óptimo, al contrario todo el tiempo estamos registrando y conociendo sobre situaciones de afectación al ambiente en el país que no reciben atención”.
Ambos especialistas coinciden en que la transparencia en estos procesos debe exigirse “no sólo en la Tortuga, en todos los casos”.
En el marco aprobado se contempla la creación de cinco zonas económicas especiales que impulsen inversión local y extranjera para “consolidar” el desarrollo de industrias como manufactura, agricultura, turismo y comercio.
En las disposiciones generales de la ley, se explica que la normativa será aplicable a personas jurídicas, públicas, privadas, mixtas y comunales, nacionales o extranjeras que participen en las Zonas Económicas Especiales, así como a los órganos y entes del Estado, vinculados directa e indirectamente con su desarrollo.
Al menos cinco son las anunciadas por Maduro, para integrar estas zonas: Paraguaná, Puerto Cabello- Morón, La Guaira, Margarita y la Isla La Tortuga.
Además, la ZEE sólo puede ser creada por Decreto del Presidente de la República, previo informe presentado por los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de planificación, economía y finanzas, así como de aquellos con competencia en las materias relacionadas con las actividades previstas para la ZEE (artículo 7). Así, Gobernadores y Alcaldes no podrán crear ZEE bajo el régimen de la LOZEE.
Una ley que ha despertado el interés de abogados y especialistas ambientales, debido a todo lo que ella conlleva, siendo la isla La Tortuga la punta del iceberg tras el video del proyecto anunciado por el régimen y las repercusiones en el ecosistema de un paraíso tropical de Venezuela.
