Un mes después de que el gobierno de El Salvador implementara el bitcóin como moneda nacional, sale a la luz un ángulo ilegal de la nueva economía: el robo generalizado de los bonos de US$30 ofrecidos como incentivo para que los ciudadanos adopten la cartera electrónica. Así lo reseñó Insight Crime.
Las autoridades reportan que muchos salvadoreños se han dado cuenta de que el número de sus documentos de identificación única fue utilizado por terceros para utilizar los bonos ofrecidos por el gobierno con el registro en la aplicación Chivo Wallet.
Cristosal, una prominente organización de defensa de los derechos humanos de El Salvador, ha registrado unas 700 denuncias de suplantación, según informó El Diario de Hoy el 14 de octubre. Otras organizaciones también han recibido denuncias similares. Una de ellas fue el mismo Diario de Hoy, que recibió más de 200 denuncias de suplantación relacionada con la aplicación Chivo Wallet.
Varios destacados miembros de organizaciones gremiales y de la sociedad civil han denunciado públicamente la exposición de datos personales. Entre ellos se encuentra el abogado Humberto Sáenz, presidente de la organización política no gubernamental Acción-Ciudadana, y Jorge Daboub, expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
El abogado constitucionalista Enrique Anaya reveló en Twitter que también fue víctima de robo de identidad, y puntualizó que “no he descargado [una] app con tan mala fama, y jamás he pensado utilizarla”.
Muchas de las víctimas anunciaron que denunciarían el fraude ante la Fiscalía General de la República. Cuando se le preguntó a un vocero del organismo sobre la ola de suplantaciones, este informó que hay una investigación abierta sobre el particular hecho.
Hasta la fecha, el presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado al respecto. En lugar de eso, ha resaltado la rápida adopción de la criptomoneda en el país.
Análisis de InSight Crime
Frente a las advertencias de que el uso del bitcóin como moneda legal en El Salvador facilite los delitos financieros en el país, el hurto de los bonos de US$30 pone en evidencia que la tecnología propia del gobierno, implementada con mucha celeridad, no es suficientemente segura.
Es más, las autoridades no saben cómo se obtuvieron los números de identificación ni pueden determinar el monto defraudado.
El especialista en sistemas Mario Gómez, consultado por La Prensa Gráfica, estimó que pueden haberse robado cerca de US$99 millones, el equivalente a unos 1.833 bitcoins, de los registros de la Chivo Wallet. Eso equivale a la inscripción de unos 3.1 a 3.4 millones de salvadoreños, o cerca de la mitad de la población, lo que para él es muy improbable.
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