Walther Peña
Este miércoles 11 de diciembre, docentes del estado Lara se reunieron en las instalaciones del Sindicato Venezolano de Maestros en la entidad (Sinvemal) para discutir sobre los documentos que introdujeron a la Fiscalía para denunciar el desmejoramiento en sus salarios y la migración inconsulta de las nóminas regionales a las del Ministerio de Educación.
Los docentes exigen una respuesta por parte del patrono y que se aclaren todas las dudas respecto a esta situación.
Jully Zegarra, presidenta de Sinvemal, reiteró el apoyo del sindicato al gremio docente y destacó la importancia de resolver estos problemas para garantizar un trato justo y digno para los educadores.
Zegarra subrayó que es esencial que las autoridades respondan a estas demandas, ya que afectan directamente el bienestar y la estabilidad laboral de los docentes en la región.
Adicionalmente, Zegarra informó que brindan apoyo y asesoría a los docentes que sin previa consulta los jubilaran hace más de cinco meses y hasta la fecha, siguen sin recibir las prestaciones sociales correspondientes.
La resolución emitida por el Ministerio de Educación, con fecha 28 de julio de 2024, aún no se ha cumplido.
Docentes también piden la firma de la contratación colectiva
Los docentes también expresaron su preocupación y descontento pues aseguran ser víctimas de persecución por la persecución por parte de directivos de escuelas que nombró el Ministerio para hacerles seguimiento. Además, refirió que sacaron de nómina a docentes y los acusaron de abandono de cargo por no asistir los cinco días de la semana.
Aseguró que esta situación ocurre por órdenes de la antigua ministra de Educación, Yelitze Santaella, quien los mandó “a vender cambures para poder mejorar sus ingresos”.
Asimismo, docentes que se unieron al reclamo exigen la firma de la tercera contratación colectiva, que está vencida desde hace más de tres años, y pidieron al actual ministro Héctor Rodríguez que se sienten a conversar y llegar a un acuerdo.
De esta manera, el gremio docente espera que escuchen y atiendan sus exigencias para que solucionen los inconvenientes que causaron estos cambios. La reunión en la Fiscalía es un paso más en la lucha por defender los derechos laborales de los docentes y asegurar que reciban un trato justo y equitativo.
