Lapatilla
El archipiélago de Los Roques es un paraíso que representa muchas cosas. Quienes habitan allí lo ven simplemente como su hogar y fuente de trabajo, mientras que mucha gente, no solo venezolanos, lo consideran un destino soñado para unas vacaciones. Expertos en temas ambientales aseguran que es una zona de gran importancia para el ecosistema, aunque a juzgar por sus actos y formas de proceder, el régimen de Nicolás Maduro ve una “mina turística” que están dispuestos a explotar, a pesar de los riesgos.
Corresponsalía lapatilla.com
Declarado parque nacional en 1972, el archipiélago tiene una superficie de aproximadamente 40 kilómetros cuadrados, aunque abarca un sistema ecológico marino que ronda las 220.000 hectáreas, y que está constituido por islas coralinas e islotes rocosos, arrecifes de coral, entre otras maravillas de la naturaleza, según información de la Sociedad Venezolana de Ecología (SVE).
Entre las construcciones más destacadas están las posadas que se ofrecen a los turistas y un pequeño aeropuerto ubicado en El Gran Roque, cuya pista se está ampliando desde hace varios meses, lo que ha generado preocupación entre los conocedores del tema ambiental.
Una de las principales inquietudes que ha llevado a oceanógrafos, investigadores, ecologistas, biólogos marinos y demás a alzar su voz de rechazo a través de comunicados es que no se sabe si se realizaron los estudios pertinentes para esta construcción (al menos no son de conocimiento público) y tampoco quién dio los permisos para la misma.
Hay que recordar que Los Roques forma parte del Territorio Insular Francisco de Miranda (TIFM), junto a la isla La Orchila y el archipiélago Las Aves. La mayor autoridad en esta zona es un jefe de gobierno que asignan desde Miraflores y actualmente ese cargo es ocupado por el contraalmirante Aníbal Coronado.
Daños irreversibles
Expertos consultados, que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, comentaron que la ampliación de la pista de aterrizaje genera daños irreversibles, pues, en primer lugar, para llevarla a cabo en la cabecera norte de la isla se debía desaparecer una pequeña bahía situada en esa zona. Esto solo se podía hacer rellenándola, para lo cual además se utilizaron desechos sólidos que llevaban años amontonados.
Las fuentes hicieron referencia a un comunicado emitido por la Sociedad Venezolana de Ecología, donde se explica que las dos acciones mencionadas anteriormente violan de forma flagrante el instrumento fundamental para la administración del Parque Nacional Archipiélago Los Roques (Pnalr), que en este caso es el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), vigente desde enero de 1991.
“El comunicado fue firmado por todos aquellos a los que nos genera preocupación este tema, más por llamar a la concientización que por realizar una denuncia, ya que sabemos cómo se manejan las leyes en el país. En el escrito se deja claro que, según el PORU, en el Pnalr solo se puede ejecutar la construcción rústica necesaria para actividades de turismo, guardería ambiental y recreación como, por ejemplo, refugios, miradores, áreas de picnic, etc.”, indicó el vocero.
Añadió que también se habla sobre la disposición final de desechos sólidos generados por la población y la actividad turística, los cuales deberían ser clasificados y transportados a tierra firme por los organismos públicos y los prestadores de servicios turísticos. En resumidas cuentas, los trabajos de elongación de aproximadamente 300 metros de la pista son ilegales.
Desde la Fundación Caribe Sur hicieron énfasis en que se está destruyendo el único cerro rocoso del archipiélago para sacar el material con el que van a llevar a cabo el trabajo. Reiteraron que la mencionada acción está acabando con la única playa arenosa del Pnalr, lo que acarrea una consecuencia dolorosa.
“Esa es la única playa usada para anidar por la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), especie que está en peligro de extinción. El archipiélago Los Roques es el área más importante para la supervivencia de este animal en todo el Caribe sur. La tortuga también está protegida por las leyes venezolanas y del mundo por su condición, pero esto parece no importar”, explicaron desde la fundación vía telefónica.
Entre otras alteraciones provocadas por la ampliación de la pista del aeropuerto, los expertos mencionaron el cambio en los patrones de corriente, lo que en un futuro puede afectar la pesca en algunas zonas del país.
“Cuando tú tienes una zona que es declarada parque nacional, es para que se conserve gran parte de sus bondades naturales con la menor intervención posible, con el fin de que vaya pasando de generación en generación. Sin embargo, vemos que en Los Roques existe un mayor interés por generar un espacio de suma exclusividad para unos pocos, sin medir consecuencias”, dijo una de las fuentes consultadas, quien aclaró que la mayor parte de la información que manejan es por reportes de los habitantes de El Gran Roque.
Mirada positiva
Sobre este asunto se consultó a algunos posaderos del Pnalr y estos optaron por mantenerse a raya. Desde el anonimato solo se animaron a afirmar que ven con buenos ojos que se estén realizando los trabajos de ampliación de la pista de aterrizaje, pues creen que esto se traducirá en mayor flujo de visitantes y, por ende, generará un movimiento positivo en la economía local.
Vale recordar que esta obra es una promesa que data del año 2014, cuando la autoridad en el TIFM era el almirante Armando Laguna Laguna. En aquel entonces se habló de “planes ambiciosos” que incluía la construcción de un terminal multimodal “para recibir con calidad a los turistas que lleguen”. Todo esto estaba proyectado para 2015, según una nota de prensa publicada en la página web del Ministerio de Comunicación e Información.
Es por esto que los posaderos aseguraron que “llevaban años esperando el arranque de los trabajos”, pues están convencidos que será parte del impulso que necesita Los Roques para tener nuevamente un movimiento turístico importante.
No obstante, los expertos creen que este pensamiento puede llegar a considerarse egoísta, pues la realidad es que el Pnalr lleva años registrando baja afluencia de turistas, ya que por sus altos costos resulta inaccesible para casi toda la población, hablando en el caso de Venezuela.
De acuerdo a lo expuesto por la SVE, en el archipiélago el registro más alto de visitantes es del año 1998, cuando fueron 63.778 personas. Entre 2013 y 2015 el promedio era de 45.000, mientras que para 2017 la cifra rondaba los 29.400. Señalan que de forma extraoficial se maneja un flujo de aproximadamente 20.000 turistas en 2018, por lo que se pudiese pensar que la cifra no haya superado ese tope en los últimos años, considerando además que en el medio estuvo la pandemia del Covid-19.
“Si vemos los números queda claro que la ampliación de la pista no es sinónimo de mayor cantidad de gente. Las aerolíneas que cubren esa ruta utilizan aviones con una capacidad estimada de 20 personas y en muchas ocasiones no logran vender el vuelo completo. El hecho de que puedan aterrizar aviones más grandes no es garantía de nada”, expresó un vocero.
Esperanza
La Sociedad Venezolana de Ecología realizó en octubre de 2023 una campaña de recolección de firmas virtuales para pronunciarse en contra de la obra y exigir su paralización.
Un movimiento similar se ejecutó desde la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con la esperanza de que las autoridades ambientales del país, así como el Ministerio Público (MP), actúen paralizando estos trabajos y obliguen a revertir los daños ocasionados.
Sin embargo, están conscientes de que esto puede ser en vano debido a las formas cómo se manejan estos temas en el país