Una comerciante deltana denuncia presunta extorsión por parte de funcionarios del CICPC de Monagas y teme por la seguridad de ella y su familia.
Se trata de Yusenia Cabrera de Marín quien se hizo acompañar por la presidenta de la Cámara de Comercio, Adelaida Da Silva, al Ministerio Público dónde narró lo ocurrido el día 12 de diciembre.
Cabrera Marín, comerciante de la comunidad de Coporito Abajo, de Tucupita, estado Delta Amacuro, denunció que en horas de la mañana llegaron a su establecimiento comercial que lleva por nombre Bodega Doña Eva ubicado en la comunidad de Coporito Abajo, en el municipio Tucupita, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) pertenecientes al estado Monagas, preguntando por su esposo José Alexander Alcalá, quien para ese momento no se encontraba en el sector por el fallecimiento de un familiar y estaba cumpliendo con asistir a los actos velatorios fuera de la ciudad.
Los funcionarios del CICPC, según denuncia la señora Cabrera Marín, profiriendo palabras subidas de tono entraron en su negocio a pesar de que se encontraban otras personas presentes y de pedirles que no lo hicieran ya que estaba sola en el establecimiento comercial. Los funcionarios hicieron caso omiso y entraron revisando todo de manera exhaustiva.
La comerciante específica, que una vez dentro revisaron todo el interior del negocio, siguieron preguntando por su esposo, a lo que le seguía respondiendo que no se encontraba en el sector. Es entonces cuando luego de insultarla con todo tipo de improperios le piden que los acompañara hasta la sede del CICPC local y obligádola abordar un vehículo de su propiedad que su esposo había comprado recientemente. Se llevan a la comerciante al CICPC Tucupita y la obligan a comunicarse con su esposo.
cuestionamientos, a decirle “que su esposo era un delincuente, malandro y que era un cobarde entre otras cosas”.
Yusenia Cabrera Marín, asegura que le arrebataron su teléfono celular y comenzaron a manipularlo sin su consentimiento, la obligaron a quitarle la clave de bloqueo para manipularlo sin su permiso e incluso a mandarle mensajes a su esposo haciéndose pasar por ella.
Expresó la comerciante que decían que su esposo era parte de un robo que se había cometido en Maturín, y que para resolver ese problema ellos debían pagar la cantidad de 10 mil dólares americanos o su esquivarte en bolívares a la comisión del CICPC a lo que siempre respondió que no iba a pagar nada porque su esposo no tenía ningún grado de participación en ningún hecho delictivo.
Para amedrentar a la señora le decían que si su esposo no se presentaba ella, iba a quedar detenida y le iban a trasladar a Maturín por cómplice, y que su vehículo un Toyota Corolla de su propiedad lo iban a “encochinar” para que no pudiera recuperarlo posteriormente, refirió la denunciante.
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Cabrera Marín explicó que en fecha 29 de septiembre del año 2023, su esposo compró una camioneta usada en la ciudad de Maturín en un concesionario que está ubicado frente a Malariologia por la cantidad de 6 mil dólares americanos, con dinero proveniente de actividades licitas. Al día siguiente de la compra, al ciudadano vendedor presuntamente lo roban en su residencia, siendo un hecho aislado tanto para ella como para su esposo, ya que este matrimonio en ningún momento sabía dónde vivía el vendedor del vehículo.
Una vez que la llevan hasta la sede del CICPC que funciona en la avenida Orinoco de Tucupita le retienen el vehículo automotor, recientemente comprado por su esposo sin que le entregaran ningún tipo de documento donde quedara constancia de la retención del vehículo en cuestión el cual estaba en perfecto estado de uso y de conservación.
Cuando eran aproximadamente las 7:00 de la noche se presentaron a la sede del CICPC local dos abogados para saber y conocer sobre la situación de la comerciante a quienes les informaron “que iba a quedar detenida por estar llamando abogados y dado tiempo al mi esposo en presentarse en la sede del Cicpc” dijo Cabrera Marín.
La comerciante explicó que luego de horas de estar detenida, los funcionarios la liberaron como a la 1:00 de la mañana.
Para finalizar, Yusenia Cabrera Marín, hizo un llamado al fiscal Superior del estado Delta Amacuro, para que atiendan su denuncia y se tomen acciones que impidan ese tipo de extorsión por parte de funcionarios del Estado venezolano.
También hace responsable a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de lo que le pudiera pasar tanto a ella como a su esposo, o a cualquier persona integrante de su grupo familiar, o su negocio.
«Todo este trato inhumano, degradante, humillante, cruel ha causado tanto en mi grupo familiar, temores, angustias, que me han alterado los nervios al punto que no logro conciliar el sueño siento la sensación de que me están siguiendo con un grado de estrés muy alterado», finalizo la señora Cabrera Marín.
