Más de tres meses llevan suspendidas, las médicas residentes del postgrado en neurocirugía de la Universidad de Los Andes, Victoria Bellorin y Zuliany Puentes, luego de recibir una misiva firmada por la directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, Nellys Molina, ordenando la suspensión de las galenas de sus actividades prácticas como residentes del postgrado a partir del 5 de septiembre, sin exponer motivo alguno, afectando la formación y violando los derechos a las galenas, quienes afectadas por la medida no han podido asistir a al menos 150 intervenciones quirúrgicas.
Ante la imposibilidad de resolver con la directora del IAHULA la situación, las afectadas, con la asistencia legal del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, han interpuesto varias medidas legales, sin que hasta el momento se logre resolver la situación violatoria de sus derechos, mientras el servicio jurídico del IAHULA no ha permitido, hasta la fecha, a los abogados de las médicas acceder al expediente que justificaría la suspensión ordenada en su contra.
A la suspensión indefinida sin justificación se suman agresiones verbales por parte de un neurocirujano del hospital y señalamientos por denunciar actos de negligencia de otro estudiante del postgrado quien supuestamente las habría denunciado ante la directiva del hospital, por acoso y hostigamiento, presumiéndose que la medida en contra de las médicas pueda deberse a esa denuncia.
A lo que se suma el aborto involuntario sufrido por una de las médicas, “a quien un médico y profesor del postgrado le dijo que ninguna estudiante podía estar embarazada. Cuando supo del aborto, le dijo: “eso es para que aprendas que en el postgrado de neurocirugía no podías estar embarazada” narra el informe del ODH_ULA.
Sobre la denuncia en contra del residente de primer año, el Colegio de Médicos habría investigado constatando las denuncias de las galenas, pues la negligencia del médico habría afectado a varios pacientes, “algunos incluso fallecieron”, explicó el abogado del Observatorio.
“No es competencia de la directora del hospital suspender a las médicas de sus actividades prácticas de estudio, ya que ella no es autoridad universitaria y el postgrado es administrado por la ULA. Ni Bellorin, ni Puentes son trabajadoras del IAHULA… ” expresa el comunicado y agrega “…este caso constituye un abuso de poder y una violación de la Ley Orgánica de la Función Pública, así como otro ataque del Estado venezolano contra la autonomía universitaria que debe tener la ULA sobre la gestión y administración de sus cursos de pregrado y postgrado” expone el equipo legal del ODH-ULA, exhortando a la directiva del IAHULA “abstenerse de usurpar funciones que son competencia de la ULA, como lo es la investigación sobre el desempeño y conducta estudiantil de las médicas, procedimiento que correspondería hacerse a través del Consejo de Estudios de Postgrado y las instancias más directas, que en este caso son la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina y el Consejo Directivo del Postgrado de Neurocirugía.”
