Lapatilla
Lupa por la Vida, proyecto impulsado por la Fundación Centro Gumilla –Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela– y Provea, para el monitoreo de presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos de seguridad del Estado a nivel nacional, publica su informe correspondiente al primer semestre del año 2023, en el que registra 355 violaciones al derecho a la vida en manos de policías y militares.
Por Lupa por la Vida
A través de entrevistas realizadas a los familiares de las víctimas, el monitoreo de medios de comunicación y redes sociales, y la revisión de minutas policiales a las que se pudo tener acceso, el informe, en su segunda edición en formato semestral, recopila importantes hallazgos sobre estos asesinatos, como la información de las víctimas, el lugar y la fecha donde ocurrieron los hechos y los organismos que participaron.
Las víctimas
Los presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales registrados por el informe, en su mayoría producto del uso abusivo de la fuerza con intención letal. El 60,49 % de las víctimas responde a personas de entre 18 y 30 años, y el 90,06 % son personas de género masculino. A pesar de que el 63,66 % fueron identificadas, un porcentaje importante, 36,34 %, permanece anónimo.
La Policía Nacional Bolivariana, principal responsable
A pesar de la reestructuración de la cual fue objeto, y la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) se perfila como principal responsable de estas presuntas privaciones arbitrarias a la vida, con 96 casos de asesinatos bajo su actuación (27,04 % del total de víctimas). Lo siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con 67 presuntas ejecuciones; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), responsable de 63 privaciones y las policías estadales con 62 presuntos casos.
Estados más violentos
Los datos arrojados por este monitoreo indican que Carabobo, Zulia, Miranda y Aragua nuevamente encabezan la lista de los estados con mayor ocurrencia de hechos. No obstante, hay disminución de presuntas ejecuciones en algunos estados como Anzoátegui, Bolívar y Guárico; mientras que las cifras de privaciones a la vida aumentaron en Lara, Falcón, Sucre y, principalmente, en Carabobo y Miranda. Asimismo, a la policía estadal carabobeña se le atribuye el 54,84 % del conjunto total de víctimas de todas las policías estadales del país.
Días en los cuales tuvieron lugar las presuntas ejecuciones extrajudiciales
En cuanto a los días en los cuales tuvieron lugar los asesinatos durante el primer semestre de 2023, se presenta una distribución variada. El lunes registró un 11,55% de las víctimas, seguido por el martes con un 12,11%. El miércoles representa el 17,75%, mientras que el jueves un 22,25%. Los viernes contabilizaron un 19,72% de las víctimas, el sábado un 8,17% y el domingo un 8,45%. En efecto, de miércoles a viernes son los días con mayor ocurrencia de hechos, en horas entre la mañana y tarde (6:01 am – 7:00 pm).
Horas en las cuales ocurrieron las presuntas ejecuciones
En relación a los horarios en los cuales ocurrieron las presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre de 2023, se observa la siguiente situación. Durante la madrugada (12:01 am – 6:00 am) se registró un 13,24% de las víctimas. En la mañana (06:01 am – 11:59 am) se reportó un 21,13%. La tarde (12:00 pm – 07:00 pm) abarcó un 22,82% de los casos, mientras que la noche (07:01 pm – 12:00 am) comprende un 12,11%. Es importante destacar que un 30,70% de los casos no cuenta con información sobre el horario en que ocurrieron los asesinatos. Es decir, en la mañana y tarde se concentra el tiempo con mayor ocurrencia de hechos (43,95%).
¿Presuntas ejecuciones extrajudiciales en descenso?
Gracias al monitoreo realizado desde el año 2021, se puede constatar que existe una disminución en las cifras correspondientes a las presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el territorio nacional que, sin embargo, no responde a un cambio de políticas en materia de seguridad por parte del Estado, sino que creemos que se refiere a los resultados del informe de la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones unidas y la investigación iniciada por la Corte Penal Internacional (CPI), que ponen en la mira a los responsables de crímenes de lesa humanidad que, hasta el día de hoy, desempeñan cargos en la alta jerarquía y niveles de mando de los cuerpos seguridad del Estado venezolano.
Recomendaciones
-Desmilitarizar los mandos de los cuerpos policiales y las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana cumpliendo con el artículo 332 de la Constitución que establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.
-Cesar la criminalización de los jóvenes de los sectores populares y desarrollar políticas públicas que brinden oportunidades de prosperidad y calidad de vida adecuada con una política de seguridad ciudadana que priorice las labores preventivas.
-Establecer las responsabilidades penales, tanto de los autores materiales de las violaciones al derecho a la vida como de las cadenas de mando intermedias y superiores de los organismos policiales y militares, en cumplimiento del memorando de entendimiento del Estado venezolano con la Corte Penal Internacional y del mandato del artículo 29 de la Constitución.
-Facilitar el ejercicio de la contraloría ciudadana mediante la publicación oportuna de datos y cifras relacionadas con la actuación de cuerpos de seguridad del Estado en operativos de seguridad ciudadana, gestión de manifestaciones y vigilancia carcelaria, a objeto de identificar las circunstancias en las que se producen los fallecimientos de ciudadanos en esos contextos e identificación de los detenidos.
-Presentar un informe sobre la llamada restructuración de la Policía Nacional Bolivariana y comunicar si se abrió algún proceso interno de investigación de los funcionarios señalados como presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales.
-Adoptar las recomendaciones que en materia de seguridad ciudadana y uso de la fuerza han propuesto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
