Con el objetivo de garantizar y defender la paz, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció la activación de las Unidades Populares para la Paz (UPP).
Asimismo, informó que fue creado el Consejo Especial por la Paz (Cepaz), que estará bajo la jefatura y coordinación del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, y contará con el ministro del Poder Popular Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.
Maduro indicó en su alocución el día de ayer, que luego de identificar las amenazas, el núcleo de las UPP será conformado por 46.542 comunidades del país, para garantizar la defensa y la unión cívico-militar y policial.
Ante el anuncio de la activación de las UPP, Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, advierte: “Ya en el pasado y coincidiendo con procesos preelectorales, se han articulado unidades para la supuesta defensa de la paz, algunas de las cuales han estado conformadas por individuos armados al margen de la ley, que terminan cometiendo graves crímenes contra la población en Venezuela”.
“Lamentablemente, en diferentes momentos del pasado, algunos individuos vinculados a los círculos bolivarianos y colectivos, han actuado con armas de fuego cometiendo crímenes en contra de la población”. Esto no puede volver a ocurrir en Venezuela, enfatiza la presidenta de Control Ciudadano.
Control Ciudadano considera loable todo llamado a la paz, pero debe garantizarse al país que la población civil no actúe armada a tal fin, pues de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 332), el mantenimiento y restablecimiento del orden público, la protección de los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, así como del pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales, entre ellos, el derecho a la paz, es competencia de los órganos de seguridad ciudadana.
Control Ciudadano pide al gobierno nacional garantizar que las UPP no estarán armadas y que se definan taxativamente sus funciones, pues existe el peligro de que sean utilizadas por factores radicales de cara al inicio de las campañas electorales en Venezuela, para intimidar y cometer violaciones a los derechos humanos.
