Carlos Nieto Palma es un venezolano que se graduó de abogado y fundó en 1997 la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad inspirado en los consejos y recomendaciones de Elio Gómez Grillo, también abogado, criminólogo y considerado el padre del penitenciarismo en Venezuela.
El tiempo transcurrido, las investigaciones realizadas durante casi 30 años y los informes presentados ante instancias nacionales e internacionales le permiten fijar posición, con suficientes credenciales, en torno al desalojo del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como el Penal de Tocorón.
“Hay dos cosas fundamentales en este caso, primero, que el hacinamiento va a aumentar en aquellas cárceles a donde lleven a los 5 mil privados de libertad que estaban en Tocorón y, segundo, no cabe la menor duda de que las autoridades civiles y militares, vinculadas al recinto, son responsables de todo lo que sucedía dentro de ese lugar”, dijo el abogado.
Nieto Palma recordó que todas las cárceles del país están colapsadas y que en esos lugares ya no cabe una persona más porque todos esos espacios han resultado insuficientes, en consecuencia, aumentará el hacinamiento, las enfermedades infecto-contagiosas y la violencia.
“Tampoco sabemos si tomaron las previsiones necesarias para evitar que con estos traslados también se estén trasladando las mafias y el Pranato, conductas que empeorarán la situación en aquellos recintos donde históricamente han habido líderes negativos y mafias externas e internas”, precisó el activista.
De la responsabilidad
Al ser consultado sobre las excentricidades encontradas dentro del Penal de Tocorón, tales como discotecas, piscinas, canchas de béisbol, armas de guerra de alto calibre y familiares de reclusos instalados en el lugar, Carlos Nieto Palma indicó que no cabe la menor duda que autoridades civiles y militares son responsables directas de esa descomposición.
“Tenemos que ver hasta dónde llega esto, pienso que deben establecerse responsabilidades, si todo lo que hemos visto a traves de las redes sociales es verdad, es porque las autoridades del ministerio para el Servicio Penitenciario y de la Guardia Nacional lo permitieron. Esas son las autoridades que tienen el control interno y externo de ese lugar”, indicó el abogado.
Nieto Palma dijo que es evidente que dentro de ese lugar no pueden haber introducido armas, drogas, piscinas, discotecas, animales y personas ajenas al recinto, incluyendo niños y niñas, sin que las autoridades hayan estado al tanto de esa situación, en consecuencia, se deben establecer responsabilidades.
“No puede ser que todo el mundo sabía lo que ocurría en Tocorón menos las autoridades del ministerio para el Servicio Penitenciario y los efectivos de la Guardia Nacional”, señaló.
Destino de los miembros del Tren de Aragua
El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, afirmó que llama poderosamente la atención que las autoridades a cargo del operativo Cacique Guaicaipuro han evitado mencionar al Tren de Aragua, la mega banda delictiva más peligrosa no solo en Venezuela sino en varios países de America Latina.
“No creo que el cierre de Tocorón ponga fin a las actividades delictivas del Tren de Aragua. Es muy grave que no se conozca cuál ha sido el destino del llamado Niño Guerrero. Me parece que se están haciendo los locos con ese tema”, agregó.
Artículo 272 de la CRBV
En 1999, junto al criminólogo Elio Gómez Grillo, el coordinador de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, consigno una propuesta ante la Asamblea Nacional Constituyente que redactaba el nuevo texto constitucional.
Dicha propuesta fue acogida y quedó redactada en el artículo 272 de la Carta Magna de la siguiente manera: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada”.
