Venezuela vive las consecuencias de la ausencia de un Estado que sea garante de seguridad, justicia y condiciones de vida básicas, lo que trae como consecuencia que exista un contexto generalizado de violencia e indefensión.
Mecanismos de protección de los derechos humanos y distintas organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han advertido sobre el impacto desproporcionado que ha tenido esta crisis en las mujeres y niñas, situación que no hubiera llegado a tal nivel si el sistema de justicia hubiese cumplido sus funciones de control del poder político, como advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en su informe publicado en septiembre de 2021.
Entre los organismos de protección de los derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas resalta el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que publicó el 25 de mayo de este año sus Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, donde resalta la situación de desprotección de niñas y mujeres en el país.
En su informe, el Comité evidenció, entre otros, el incumplimiento por parte del Estado venezolano de las obligaciones establecidas en la CEDAW sobre temas relacionados con el acceso a la justicia de las mujeres en Venezuela, en particular de las mujeres reclusas, indígenas, migrantes, afrodescendientes y con alguna discapacidad, además de aquellas que son víctimas de violencia de género, o trata, explotación sexual u otras formas de esclavitud moderna.
En este sentido, el Comité resalta la inexistencia de asistencia jurídica gratuita afecta especialmente a mujeres que son más vulnerables por tener pocos recursos, ser reclusas, indígenas, migrantes, afrodescendientes o tener alguna discapacidad.
Frente a esto, la respuesta del Estado venezolano fue asegurar que todas estas inquietudes tenían reparo en la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer (DNDM), pues esta instancia tiene como función la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También el Estado venezolano hizo referencia a la Defensa Pública.
Sin embargo, el ACNUDH en su informe de 2020 referido, entre otros, al sistema de justicia, recordó que «las víctimas de violaciones de derechos humanos siguen enfrentándose a importantes obstáculos jurídicos, políticos y socioeconómicos para acceder a una justicia eficaz, y las mujeres experimentan dificultades específicas por motivos de género». Además, en ese mismo informe advirtió sobre «la inexistencia en el mismo de procesos sensibles al género y centrados en las víctimas, así como de medidas de protección efectivas».
Con relación a esto, la recomendación del Comité se centró en ampliar y fortalecer los servicios públicos de asistencia judicial en materia penal, civil y administrativa y aquellos procesos relacionados con la violencia de género o cualquier otra forma de discriminación.
Otro punto que resaltó el Comité fue el alto índice de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, con atención especial en los femicidios, desapariciones, abusos psicológicos y sexuales, advirtiendo la inexistencia de reglamentos y protocolos para la implementación de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LOSDMVLV), y la falta de transparencia en las estadísticas oficiales sobre mujeres víctimas de violencia.
Al respecto, el Estado venezolano alegó que realizó una segunda reforma parcial de la LOSDMVLV, con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Sobre esto, Acceso a la Justicia indicó en su Informe sombra al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que, a pesar de que la LOSDMVLV tiene por objetivo brindar protección y justicia a las víctimas de la violencia sexual y de género, su aplicación sigue siendo parcial e insuficiente para protegerlas de manera adecuada. En este sentido, alertó que, en su implementación, no se han establecido protocolos de trabajo social sobre violencia de género y no hay reglamentación de las funciones de los equipos multidisciplinarios ni de la ley.
También es necesaria la capacitación de los funcionarios y la creación de la totalidad de los tribunales especializados en la materia, ya que en la actualidad existen solo el 75 % de los exigidos. Los que ejercen esta competencia en materia municipal no son especializados.
Y a ti venezolana, ¿cómo te afecta?
Venezuela cuenta con barreras enormes para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y esto quedó evidenciado en el informe país presentado por el Comité de la CEDAW. Las observaciones y recomendaciones de este Comité de Naciones Unidas evidencian la vulnerabilidad en la que viven las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas, pues reconoce la falta de políticas adecuadas de prevención y protección de las distintas formas de discriminación en este ámbito.
Bajo un contexto de emergencia humanitaria compleja como el venezolano, son las mujeres quienes ven, de manera diferenciada, vulnerado su derecho a acceder a la justicia, a participar, pero también su derecho a la salud y al empleo, entre otros. Así, es la labor de las organizaciones de la sociedad civil insistirle al Estado venezolano que cumpla con las recomendaciones hechas por el Comité de la CEDAW.
Con información de: Acceso a la Justicia
