Un grupo de vecinos de la urbanización Los Molinos 1 y 2, en la ciudad de Araure, Portuguesa, pidió a las autoridades policiales investigar la muerte masiva de gatos y perros en dicha comunidad, una situación que ha generado repudio y preocupación por el riesgo que corren otras mascotas.
Andrea de León, habitante del urbanismo, indicó al medio local Portuguesa Reporta, que entre el jueves 3 y viernes 4 de agosto, aparecieron muertos al menos tres gatos y un perro, sin heridas visibles, por lo que los vecinos presumen que fueron envenenados.
«El jueves encontraron a una gatita llamada Egipcia, en la calle 6, supuestamente atropellada. El viernes conseguimos en la misma calle, a otro gato y a un perro, y cuando avisamos a los vecinos, nos dimos cuenta de que habían más reportes de gatos muertos. Una situación bastante lamentable», expresó.
Los vecinos han contabilizado a la fecha seis gatos muertos y una perrita, pero dijeron que podrían ser más. «Presumimos que han sido envenenados, porque no presentan heridas y nos preocupa bastante la situación, ya que todavía hay muchos gatos libres, que no tienen dueño, pero no por ello merecen la muerte”, dijo.
Ante esta situación, de León exhortó a las autoridades a investigar y dar con el o los responsables de estas muertes y que, por sus acciones desalmadas, reciban las sanciones correspondientes.
Es preciso destacar que, la legislación venezolana contempla los derechos de los animales en la Ley para la Protección para la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio y el Código Penal.
El maltrato animal está contemplado en el Código Penal, justo en su artículo 478, que establece que: “El que sin necesidad haya matado un animal ajeno o le haya causado algún mal que lo inutilice, será penado por acusación de la parte agraviada, con arresto de ocho a cuarenta y cinco días. Si el perjuicio es ligero, podrá aplicarse solamente multa hasta por ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.)”.
Por ser hechos punibles contemplados en el Código Penal, los casos tienen que ser denunciados ante las fiscalías y las oficinas de atención del Ministerio Público, y los organismos de administración de justicia tienen el deber de investigarlos.
