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En Venezuela, nuevas denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y su impunidad volvieron a replantear que las muertes en las protestas ciudadanas de 2017, en rechazo a la crisis socioeconómica ocasionada por el chavismo, fueron de alto calibre.
Olgalinda Pimentel // DIARIO LAS AMÉRICAS
Una organización no gubernamental remitió a la Relatoría Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, de las Naciones Unidas, un informe lleno de irregularidades halladas en expedientes sobre asesinatos deliberados de personas, por parte de agentes de cuerpos policiales, militares o parapoliciales, durante las protestas sociales de 2017.
La ONG Defiende Venezuela envió a la Oficina del Relator, Morris Tidball-Binz, el análisis técnico de seis expedientes, de 12 casos de ejecuciones extrajudiciales, en los que la organización tiene representación legal, para que conozca de los casos. De los otros seis no logró tener mayor información.
Los resultados fueron contundentes. A siete años de los hechos, solo tres o cuatro tenían el respectivo protocolo de autopsia y había fallas estructurales en el levantamiento de los cadáveres que contradicen el protocolo de Minessotta. Además, detectaron inexistencia de investigaciones para determinar la posible responsabilidad penal de los superiores, “a pesar de la existencia de suficientes elementos confiables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, señala el informe.
Al menos cuatro de las 12 víctimas con edades entre 17 años y 56 años, recibieron balazos en la cabeza o en la nuca. La mayoría recibió disparos mortales con esferas metálicas en el torax. Entre ellos, está el caso del estudiante Neomar Lander Armas, de 17 años de edad, a quien un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana ejecutó con un impacto de bomba lacrimógena en el tórax, en una concurrida avenida de Caracas.
Para identificar los patrones en las ejecuciones extrajudiciales, la organización evaluó los cuerpos de seguridad responsable, el perfil de las víctimas, su localización geográfica y el lugar de sus heridas, según el informe.
“Es un trabajo muy técnico y metodológico que busca impactar sobre el retardo judicial y mecanismos de investigación genuinos por parte del Estado, para sancionar y castigar estos asesinatos, las violaciones de derechos humanos”, dijo Ezequiel Monsalve, coordinador legal de Defiende Venezuela.
La información fue el resultado de la documentación y denuncia hecha por unos 20 familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, para el programa Transforma, un plan de capacitación que adelanta la ONG y que procura convertirlos en agentes de cambio y defensores de derechos humanos.
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