El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) pidió a Venezuela un plan contra la trata de personas y la violencia de género, delitos que se exacerbaron durante la pandemia y que afectan de forma predominante a jóvenes, mujeres, niños, indígenas y migrantes en las zonas fronterizas.
Transparencia Venezuela, 30 de julio de 2023. La trata de personas es un crimen de larga data en el mundo, que atenta gravemente contra la dignidad e integridad de millones de personas. Este fenómeno se exacerbó con la pandemia de COVID-19 y ha encontrado terreno fértil en la crisis migratoria venezolana. El 31 de mayo de este año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer presentó sus observaciones finales al noveno informe sobre Venezuela, en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en las cuales manifestó su preocupación por el tema de la trata de personas en el país.
El Comité hizo énfasis en que la Defensoría Delegada Especial para la Protección de las Personas Migrantes, Refugiadas y Víctimas de la Trata de Personas carece de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el cumplimiento de su mandato, especialmente la reunión de datos sobre la trata de personas en relación con las mujeres migrantes y refugiadas en la frontera y en las zonas rurales y mineras. Señaló que el Estado no ha desarrollado suficientes medidas para prevenir, enjuiciar y castigar los casos de trata de personas, en particular de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual y trabajo forzado.
De igual modo, indicó que la población con mayor riesgo de ser víctimas de la trata con fines sexuales incluye a mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y migrantes en las zonas fronterizas. El informe también denuncia las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata con fines sexuales y el trabajo infantil en las zonas mineras, particularmente en el Arco Minero del Orinoco y a lo largo de las fronteras con Brasil y Colombia, en el contexto de la presencia de grupos armados y criminales no estatales relacionados con las actividades de extracción.
Asimismo, el Comité expresó su preocupación por la falta de una ley específica y amplia sobre la trata de personas y la demora en la publicación del Plan Nacional contra la Trata de Personas (2021-2025), así como el hecho de centrarse en el enjuiciamiento excluyendo la aplicación de medidas de prevención y la prestación de asistencia a las víctimas, con arreglo al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
En vista de las observaciones planteadas por el Comité, se recomendó que el Estado venezolano dote de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes a la Defensoría Delegada Especial para la Protección de las Personas Migrantes, Refugiadas y Víctimas de la Trata de Personas. El objetivo es que esta instancia pueda cumplir de manera eficaz e independiente su mandato de proteger a las mujeres migrantes y refugiadas de los riesgos de la trata de seres humanos.
De igual modo recomendó que el Estado refuerce la independencia de la Defensoría del Pueblo, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, y que continúe esforzándose por aplicar las recomendaciones del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
Una realidad preocupante
La ONU definió la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.
A los efectos del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional (también conocida como Convención de Palermo), la explotación se refiere a prostitución u otras formas de explotación sexual, trabajo forzoso, mendicidad o cualquier forma de esclavitud.
De hecho, en su reciente informe, publicado en marzo de este año, la organización civil Mulier Venezuela reveló que 1.390 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas en 2022, de las cuales 284 eran niñas y adolescentes. La ONG advirtió que es la cifra más alta que han obtenido desde que iniciaron el monitoreo en 2019.
Mulier Venezuela enfatizó que la explotación sexual se mantuvo como el principal destino de las mujeres venezolanas víctimas de trata de personas, y que la explotación de niñas y adolescentes venezolanas sigue en aumento. Advirtieron que las 284 niñas y adolescentes que fueron rescatadas en 2022 dobla la cifra de 138 reportada durante 2021.
Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha señalado que representa un verdadero reto medir el impacto real de este fenómeno a escala mundial, ya que se trata de un mercado ilícito que se confunde con escenarios lícitos. En este contexto, señala que un estimado de al menos 2,5 millones de personas son víctimas de la trata, resaltando que por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar, por lo que se infiere que la cifra es mucho mayor.
Vale destacar que esta misma oficina de la ONU, en su último informe mundial sobre la Trata de Personas (2022), el cual se publica cada dos años, dio a conocer una serie de hallazgos clave de su recopilación de información del período comprendido entre los años 2017 y 2021, destacando los siguientes:
• El número de víctimas detectadas desciende por primera vez en 20 años, ya que la pandemia limitó las oportunidades y potencialmente desplazó a la trata de personas hacia la clandestinidad; al mismo tiempo que sirvió para restringir la capacidad de las autoridades para aplicar la ley y combatir el delito, las víctimas recurren al «autorescate» a medida que las respuestas institucionales son insuficientes.
• El aumento en la impunidad en los países de origen resulta en un mayor número de víctimas transportadas a más destinos. Los niños y los hombres representan una mayor proporción de las víctimas detectadas a medida que surgen nuevas formas de explotación.
• Las mujeres y la niñez sufren más violencia a manos de tratantes y los tratantes están cada vez mejor organizados, lo cual deriva en que explotan a más víctimas, con más violencia y durante más tiempo.
Los hallazgos de la UNODC son realmente alarmantes, considerando que a nivel global representa una gran fuente de ingresos para los grupos de delincuencia organizada que se dedican a este tipo de crímenes, estimando que el mercado ilícito genera al menos 32 billones de dólares.
Estos hallazgos representan un panorama desfavorable para Venezuela, considerando tal y como ha establecido Transparencia Venezuela que, el papel de la justicia venezolana está al servicio de la impunidad en grandes esquemas corruptos y ello se traduce en la violación de derechos, lo cual, a su vez, influye en que el país sea un terreno fértil para la trata de personas.
Al presentarse tantas limitaciones e inconsistencias en Venezuela, para tomar acciones frente a la trata de personas, el país sirve de nicho para que prolifere este fenómeno y funcionen a sus anchas las redes de trata, en el marco de la impunidad y la gran corrupción existente.
En el Día Mundial contra la Trata de Personas, Transparencia Venezuela se suma a las voces que alertan sobre el incremento de este fenómeno, que es particularmente grave en el contexto de la crisis migratoria del país, que desde 2014 ha lanzado al exilio forzado a 7,2 millones de connacionales, según registros de agencias internacionales.
