Lapatilla
A Ariana Granadillo funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la hicieron dormir en el suelo con las muñecas atadas con cinta adhesiva. Entonces la patearon en las costillas. Sucedió en febrero de 2018, pero no fue la única vez. En mayo de ese año, los mismos funcionarios volvieron por ella y sus padres a la casa del coronel Oswaldo García Palomo, a quien acusaban de un intento de magnicidio, y como no lo encontraron ni a él ni a su familia directa, se llevaron secuestrados a estos primos lejanos que le cuidaban la casa.
Por Joseph Poliszuk / ArmandoInfo
Los Granadillo –oriundos de Bocas de Río Chiquito, un pueblo del norte del estado Monagas– se habían mudado a la casa del coronel García Palomo, en la urbanización Monte Bello del municipio Carrizal, estado Miranda, para estar cerca del Hospital Victorino Santaella, donde Ariana debía culminar pasantías para graduarse de médico. Pero después del segundo secuestro y la retahíla de torturas de la que su hija fue objeto, decidieron abandonar el país sin que ella terminara la carrera. El 24 de junio de 2018 se presentaron en la frontera del estado Táchira, en los Andes del suroccidente de Venezuela, para seguir camino a Colombia. No esperaban entonces que Ariana fuera detenida, esta vez con una orden de captura que la solicitaba “por rebelión militar”.
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, subió a sus redes sociales el anuncio del arresto junto a la foto de la joven de 21 años. Funcionarios de ese organismo la detuvieron y trasladaron a Caracas en un periplo de una semana en la que pernoctó en calabozos de comisarías de ocho estados (Táchira, Zulia, Mérida, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa y Lara).
“Ellos decían que si vivíamos en su casa era porque sabíamos dónde estaba él”, recuerda Ariana Granadillo, ahora desde Washington DC, Estados Unidos. El suyo es un vivo ejemplo de que en la República Bolivariana de Venezuela el gobierno detiene y tortura de manera sistemática a familiares de disidentes y presos políticos, convirtiéndolos también en presos políticos.
Armando.info identificó 25 casos de parejas, madres, padres, hijos y hasta una prima tercera –en el caso de Ariana Granadillo– que fueron insultados, amenazados de muerte y torturados con golpizas, asfixias, descargas eléctricas y agresiones sexuales, para que confesaran el paradero de los suyos.
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