La Asamblea Nacional (AN) ha aprobado 25 artículos del Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Este proyecto tiene como objetivo establecer los principios, parámetros, tipos impositivos y alícuotas aplicables.
El diputado Jesús Faría (PSUV/Nacional), presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, ha solicitado posponer la segunda discusión de este proyecto que consta de 30 artículos.
Esta ley tiene como propósito promover el desarrollo equilibrado de la economía nacional para mejorar la calidad de vida de la población, generar empleo y valor agregado, y fortalecer la soberanía económica. También busca optimizar y agilizar los procesos tributarios a nivel estatal y municipal, con el fin de reducir la evasión y elusión fiscal.
La nueva normativa se rige por principios de legalidad, justicia, equidad, integridad territorial, coordinación, armonización, cooperación, solidaridad, concurrencia, corresponsabilidad, progresividad, generalidad, buena fe, productividad, capacidad contributiva, no retroactividad, no confiscación, eficiencia, eficacia, celeridad, transparencia, simplicidad y seguridad jurídica.
Este nuevo instrumento legal será de interés general y estará sujeto a las leyes vigentes. Establece que los estados y municipios coordinarán con el Ministerio encargado de la economía y las finanzas los incentivos fiscales que aplicarán en sus respectivas áreas geográficas.
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Durante el debate, se diferenció el artículo 10, relacionado con los límites del ejercicio de la potestad tributaria, y se aprobó por mayoría el artículo 11, que garantiza la no discriminación y la libre movilidad del contribuyente transeúnte.
La ley estipula que los impuestos deben pagarse en moneda nacional y solo se podrá utilizar el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela como unidad de cuenta dinámica para calcular los tributos, intereses y sanciones.
Una vez que entre en vigencia la nueva ley, los estados y municipios deberán identificar y eliminar requisitos y permisos que limiten, dificulten o obstaculicen el ejercicio y el desarrollo normal de la actividad económica y la iniciativa productiva.
Cabe recordar que la primera discusión de este proyecto legal tuvo lugar en agosto de 2022, casi hace un año. A pesar de ser considerada una norma prioritaria por los gremios empresariales, especialmente el sector manufacturero que enfrenta cargas fiscales nacionales y municipales significativas, ha habido demoras en su aprobación.
El gremio manufacturero venezolano ha sido uno de los principales impulsores de esta legislación y ha enfatizado en repetidas ocasiones la necesidad de equilibrar la tributación a nivel estatal y municipal. En el caso de la industria nacional, esto es fundamental para mejorar la competitividad de los productos locales.
