A través de un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su firme condena con las restricciones del derecho a la participación política y a la libertad de asociación de las personas candidatas opositoras y de aquellas que protestan para exigir derechos en Venezuela. A juicio de este organismo, «el Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos, así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica».
Esto, luego de que el 30 de junio de 2023, mediante oficio No. DGPE-23-08-00-008, la Contraloría General de la República dio a conocer que la candidata opositora María Corina Machado se encuentra inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos, impidiendo así que pudiera presentarse para las elecciones presidenciales del 2024. A esta inhabilitación se suman otras de reconocidos dirigentes opositores que aspiran a la Presidencia de la República, como Henrique Capriles y Freddy Superlano.
La CIDH reiteró que ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. Conforme a estándares interamericanos, para consolidar y proteger un ordenamiento democrático respetuoso de los derechos humanos, este tipo de sanciones únicamente puede ser impuesta mediante una condena en el marco de un proceso penal.
Por otra parte, la Comisión registró con especial preocupación la detención arbitraria de 3 sindicalistas de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco, en el estado Bolívar, el pasado 11 de junio, en el marco de una protesta pacífica para reivindicar derechos laborales. Según lo informado por organizaciones de la sociedad civil, en lo que va del año, más de 20 personas trabajadoras fueron detenidas en circunstancias parecidas, siendo sometidas a regímenes de
presentación periódica ante tribunales y en algunos casos imputados por delitos como «instigación al odio».
Las inhabilitaciones administrativas de personas candidatas opositoras y la detención arbitraria de sindicalistas no son hechos aislados, resultan de una política de Estado que busca cerrar el espacio cívico en el país. La Comisión Interamericana recuerda que el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos.
La CIDH afirmó que resulta «urgente que el Estado de Venezuela adopte un compromiso genuino con la democracia y el Estado de derecho, levantando las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política en condiciones de igualdad».
La sociedad civil y la democracia
Ante este hecho, la presidenta y fundadora de Defiende Venezuela, Génesis Dávila, afirmó que “el papel de la Sociedad Civil en Venezuela resulta fundamental, no solo como plataforma de documentación, incidencia y denuncia, sino también como un aliado estratégico para los ciudadanos que reclaman un país donde se preserve el respeto a los DDHH y donde todos los actores políticos, sociales y económicos puedan converger para la promoción y defensa de la democracia en el país”.
En este sentido, insistió en que resulta alarmante las declaraciones de altos funcionarios del partido de Gobierno en el que se evidencia un ataque directo hacia los sectores opositores del país y se les acusa de desestabilizar y «engañar» a la población. Cabe recordar, que el hostigamiento hacia quienes se oponen al partido oficial representa una violación a los DDHH de los venezolanos que tienen derecho a elegir libremente a quienes tendrán la responsabilidad de dirigir a la nación.
Por último, insistió en que las organizaciones no gubernamentales se mantendrán alertas sobre este tema, y ejecutarán las tareas de documentación, denuncia e incidencia que sean necesarias para defender el derecho de los ciudadanos a ejercer libremente su papel dentro de la democracia.
