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Horas de análisis de imágenes satelitales de alta resolución han llevado a una terrible conclusión a organizaciones ambientalistas en Venezuela. En la cima del tepuy Yapacana, en el Estado Amazonas, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, están las huellas de la minería ilegal, que parece incontrolable. Desde 2018 hay indicios pero en los últimos meses, con las imágenes analizadas por el Proyecto MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Project de la ONG Amazon Conservation), se ha escudriñado a fondo. Hay unas 3.800 piezas de maquinaria en el parque nacional, lo que evidencia un proceso bien tecnificado, a pesar de estar al margen de la ley. Y en la cima del tepuy han identificado 86 piezas de maquinaria. “No hay casos similares en otros países de la Amazonía en los que se esté explotando la cima de un tepuy. Es muy único y grave, sobre todo teniendo en cuenta que está dentro de un parque nacional”, advierte por correo electrónico el investigador Matt Finer, director de MAAP.
Por Florantonia Singer | América Futura | EL PAÍS
La grave crisis económica en Venezuela es el telón de fondo de esta fiebre extractivista que se vive al sur del Orinoco. El Yacapana ha atraído a entre 15.000 y 20.000 mineros, entre locales y miembros de comunidades indígenas y grupos extranjeros como las guerrillas colombianas del ELN y las disidencias de las FARC, que controlan parte del negocio en la zona, según denuncias de Naciones Unidas y otras organizaciones. Esta zona está ubicada en uno de los estados menos poblados y más pobres y apartados de Venezuela, a más de 700 kilómetros de la capital. Pese a la distancia, de Caracas parten autobuses tres veces por semana hacia la Puerto Ayacucho, la capital de Amazonas, y desde otras regiones de Venezuela con frecuencia diaria. Quienes viven en Puerto Ayacucho también hablan de la presión que hay sobre el pequeño aeropuerto del poblado, que solo ofrece vuelos comerciales quincenales pero en el que constantemente aterrizan avionetas que, según denuncian, son parte de esa movilización en torno a la minería ilegal. Millones de venezolanos se han ido del país por la crisis, pero también otro número indeterminado ha migrado hacia las minas para sobrevivir.
“La minería se ha convertido en un factor de atracción poblacional y también se ha incrementado la presencia de los grupos armados que tienen el dominio sobre el territorio y la gente”, dice por teléfono el geógrafo Héctor Escandell, de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Amazonas. Esto se ha exacerbado recientemente y dos datos lo evidencian. El primero: la investigación de Finer encontró una nueva deforestación de más de 750 hectáreas dentro el Parque Nacional Yapacana entre 2021 y 2022. 17 de esas hectáreas arrasadas están en la cima del tepuy. El segundo: el Estado Amazonas tiene la tasa más alta de homicidios (18 por cada 100.000 habitantes) de todo el país, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Un año atrás estaba en el puesto 20. El 7 de enero, el cadáver de un indígena maniatado fue encontrado en el Yapacana como otra evidencia de la espiral violenta en torno a las minas ilegales.
“Se ha hecho un esfuerzo intencionado por fortalecer la cultura minera como una oportunidad de obtener los recursos, lo que ha generado conflictos interétnicos y con ello la erosión de los pueblos indígenas”, denuncia Escandell, que también subraya que ninguno de los pueblos del Estado Amazonas se ha beneficiado de esa minería. “San Fernando de Atabapo, frente a Yapacana, es un pueblo que no crece, no tiene luz ni agua. Del lado colombiano, en cambio, Puerto Inírida ha multiplicado su población por 30, tiene hospitales, calles, electricidad”, enumera.
En Yapacana ya son 3.227 hectáreas las que están afectadas por la minería, según el último cálculo de la organización ambientalista SOS Orinoco, que ha liderado las denuncias sobre las violaciones de derechos humanos y la devastación ambiental en esta región. En este parque hay una actividad minera más concentrada, a diferencia de otros espacios en el vecino Estado Bolívar, que han analizado con sistemas de información geográfica. “Cada día aparece una nueva mina”, dice Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco.
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