El gobierno de Daniel Ortega confirmó el sábado el cierre de cuentas bancarias de varias diócesis en Nicaragua por supuesta malversación de fondos como parte de una red de lavado de dinero.
A través de un comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua, las autoridades encontraron «centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas, ubicadas en instalaciones pertenecientes a la diócesis del país».
Según el comunicado, las investigaciones realizadas en los últimos días, confirmaron la sustracción «ilegal» de recursos de cuentas bancarias que habían sido congeladas, así como otros delitos que todavía están siendo investigados. Al parecer se trataría del manejo de fondos y recursos de cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria.
«La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos con fondos que para la diócesis han ingresado irregularmente al país y se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos», señala el comunicado de la policía.
Por su parte, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, que recopila los ataques contra sacerdotes en el país y que recientemente fue citada en un informe del Departamento de Estado sobre los ataques a la Iglesia católica, subrayó que esta medida se da tras la detención esta semana de dos sacerdotes al norte del país que están siendo investigados por las autoridades policiales por haber dirigido una organización religiosa que fue clausurada.
A criterio de la abogada, el gobierno de Ortega busca «una asfixia sin precedentes» en contra de la Iglesia católica, a la cual el mandatario ha tildado de ser «golpista» por albergar en sus templos a manifestantes antigubernamentales en el año 2018.
«Ortega y su esposa Rosario Murillo tienen una guerra declarada en contra de la Iglesia católica”, agregó.
Un sacerdote que pidió no ser identificado por temor a represalias señaló que hasta el momento se tiene confirmado que la suspensión de cuentas bancarias abarca a Managua —capital de Nicaragua— y a las Diócesis de Matagalpa y Estelí, al norte del país, las cuales estaban administradas por el obispo Rolando Álvarez, encarcelado por la administración de Ortega y sentenciado a 26 años de prisión.
“La intención es acabar con la Iglesia”, lamentó el religioso.
Medios locales como Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro indican que la suspensión de cuentas bancarias se extendió a todas las iglesias del país.
El gobierno de Ortega no se había pronunciado al respecto hasta el comunicado de la Policía Nacional; el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes declinó a una solicitud de comentarios realizada por la VOA.
Como se explica en el comunicado, la Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al cardenal Brenes «la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de la diócesis de manera que se cumpla en todo momento con las leyes del país, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo».
