Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com
La destrucción es aterradora, así como las cifras: estarían operando en el lugar unas 3.800 maquinarias, entre 15.000 y 20.000 personas entre mineros, locales y representantes de comunidades indígenas. Pero lo más grave es el control que mantienen los grupos guerrilleros colombianos en la zona, como el ELN y las disidencias de las FARC.
“Ellos se quedaron locos, no podían creer, cuando les mostramos lo que nosotros habíamos descubierto en Yapacana. Ellos monitorean la huella minera en la zona amazónica andina, o sea, Colombia, Ecuador, Perú. Ellos no miraban Venezuela, pero nosotros los obligamos a ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos nos dijeron que esta es la zona minera ilegal más grande de la Orinoquía Amazonía, o sea, es la zona de minería ilegal más grande de Colombia y Venezuela combinado”.
Yacapana fue declarado parque nacional en los años 90. Para ese entonces no existía ningún pueblo indígena autóctono. “Hoy en día puede haber entre 20.000 y 30.000 personas viviendo ahí, mineros todos. Mineros y el apoyo de familias, profesores, ahí hay colegios, ahí hay tiendas, hay prostíbulos, hay de todo. Eso es una ciudad, pues, como un pueblo de miles de personas haciendo minería y apoyando a los que hacen minería. Entonces, esto es una zona sumamente compleja”.
La directora de SOS Orinoco alerta que se siguen registrando desapariciones, muertes extrajudiciales, violencia. Advierte que “no se sabe lo que está ocurriendo ahí en este momento: si es que de verdad el general está sacando a los mineros, o si está sacando algunos mineros para montar un show mediático de que están tratando de controlar la situación en Yapacana. O si es que ellos (Fabn) están tomando el control para sí mismos, la Fuerza Armada para manejar las minas de Yapacana con gente de su confianza. No se sabe. Esa es la gran pregunta”.
“A pesar de los esfuerzos del general para sacar a los mineros, no se sabe si realmente está controlando la situación o tomando el control de las minas con gente de su confianza”, sentenció.
Julio Ygarza resaltó en ese entonces que Yapacana fue decretado Parque Nacional para “preservar sus recursos escénicos, milenarios y científicos que guardan la evolución de su vegetación florística del paleotrópico y neotrópico, así como reptiles y anfibios endémicos, entiéndase que se encuentran únicamente en estos lugares”.
Advirtió sobre el levantamiento de mapas locales y geosatelitales. “Ya no solamente es en el Parque Nacional Yapacana. Alrededor del cerro hay un sinnúmero de campamentos y maquinaria de la guerrilla colombiana y de los garimpeiros que usan como escudo y como mulas a los pueblos indígenas”.
Además, dijo que hay una población minera al sur de Colombia que se llama Puerto Inírida, donde venden el oro que extraen del cerro Yapacana. “No hay honestidad con los pueblos indígenas. Falta transparencia y autoridad”.
Por su parte, la diputada por el estado Monagas, María Gabriela Hernández (Primero Justicia), señaló que en 2022, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina arrojó información que alertó a todo el mundo sobre la actividad minera en el Parque Nacional Yapacana, a 200 kilómetros de la frontera con Colombia.
“En el centro del parque hay un alto tepuy. En esas imágenes satelitales se apreciaron cerca de 750 hectáreas de parque deforestado. Unas 17 hectáreas están justo sobre el tepuy y más de 3.000 hectáreas están afectadas por la minería. Se encontraron además más de 3.800 piezas mecánicas sobre el tepuy y dentro del parque, y unos 2.000 mineros en faena”, reseña un artículo publicado en la página de la Asamblea Nacional de Venezuela.
La directora de SOS Orinoco destacó que desde 2018 vienen monitoreando y georeferenciando la huella minera del sur de Venezuela. “Nosotros empezamos en Canaima, porque fue lo primero que nos llamó la atención, que había minas ilegales dentro del Parque Nacional Canaima, patrimonio mundial, y que nadie estaba denunciando esto. Pero también nos dimos cuenta de que era muy difícil llegar a estas minas y empezamos a descubrir que habían minas en unos lugares insólitos. En esa época descubrimos 33 sectores mineros; hoy en día son más, como 60 sectores mineros solo dentro de Canaima. A partir de ahí empezamos a levantar la huella minera georreferenciada con imágenes satelitales y monitorear la expansión de esas minas, porque el problema es que estas minas siguen expandiéndose”.
Admite que ha sido un trabajo mancomunado, entre personas que les pasan el dato o a través del rastreo mensual, y así descubren que hay una mina nueva. Los expertos analizan si se trata realmente de una mina, porque no siempre es una mina, y hay unos indicios muy claros de cuando sí es una mina, se empieza a ver desde cuándo aparece esta mina. Entonces tienen que ver históricamente si esa mina existía el año pasado, el año anterior, etc.
Alertó que la mina nueva de Guaiquinima son 2 millones de metros cuadrado.. “Entonces quiere decir que la mina está activa. ¿Qué quiere decir esto del supuesto operativo Autana del régimen? Pues que ellos se están enfocando en algunas áreas, y en otras la minería sigue igualita, igualita va avanzando”.
Para la representante de SOS Orinoco, las operaciones que han ejecutado los organismos de seguridad del Estado en las zonas mineras, no son más que campañas mediáticas. “No hay la voluntad política de acabar con la minería ilegal. Ellos simplemente quieren hacer creer que están poniéndole coto a la minería ilegal, y entonces están haciendo esta campaña a través de las redes”.
La ambientalista recalcó que “a nosotros no nos consta que ellos estén acabando con la minería ilegal. Segundo, no nos consta que ellos están básicamente tomando control de minas para controlarlas ellos, que eso fue lo que pasó en Tumeremo, al sur del estado Bolívar, en el mes de octubre cuando arrancó toda esta campaña de operación Autana. Ellos le han cambiado el nombre por operación Roraima. En Tumeremo, ellos sacaron al Grupo R que controlaba la mina. No es que acabaron con la mina, era un quítate tú para ponerme yo”.
