Las personas con discapacidad en Venezuela enfrentan una “grave” situación en materia de acceso a la salud, justicia y educación, expone el más reciente informe de la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven).
La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) documentó 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad entre enero y diciembre del 2022, revela su más reciente informe.
“La mayoría de las personas reportaron como principal factor el poco poder adquisitivo para cubrir gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos médicos por lo que ven como única opción la salud privada y sin embargo por sus pocos ingresos es imposible tener acceso a esta”, resalta el informe presentado esta semana.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, afirma que las personas con discapacidad enfrentan importantes barreras, entre ellas de accesibilidad y justicia. Si bien admite que Venezuela posee “buenos instrumentos legales”, sostiene que no se están cumpliendo adecuadamente.
“El sistema de políticas públicas no tiene herramientas, mecanismos de inclusión, de atención inclusiva, le da poca importancia a las personas con discapacidad para que haya una real inclusión”, resalta.
Manuel Vicente Pérez, director de Programas de la Sociedad Amigos de los Ciegos, llama al Estado venezolano a revisar las políticas públicas y los exhorta a convocar a organizaciones privadas que tienen un “trabajo fundamental”.
“Que estas personas con discapacidad visual, auditiva, múltiple, intelectual, motora, que forman parte de una minoría bastante vulnerable, sean dignificadas y que haya políticas serias”, dijo a la Voz de América.
Para Pérez, en Venezuela se evidencia una importante exclusión de personas con discapacidad e insiste en que “la lucha” debe ser por la verdadera inclusión.
“A veces nos sentimos muy integrados pero integrado es muy distinto a la inclusión. Integrado es solamente que somos parte de un todo, pero incluido es que somos sujetos de derecho”, afirma.
El gobierno venezolano constantemente asegura trabajar por la inclusión y en visibilizar a las personas con discapacidad. A principios de este año la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una Ley Especial para Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad.
La investigación revela que 3 de cada 10 personas con discapacidad motora no tienen la ayuda técnica que requieren para su movilidad personal. El 70% de las personas entrevistadas refiere que la falta de recursos económicos es la principal razón que impide el acceso a la ayuda técnica; 20% refiere que no posee conocimiento sobre qué institución podrá otorgar la ayuda y 10% no posee conocimiento sobre la ayuda que requiere con exactitud.
El artículo 14 de la Ley de Personas con Discapacidad de 2006, precisa que “toda persona con discapacidad tiene derecho a obtener para uso personal e intransferible ayudas técnicas”.
En Venezuela, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis) y la Misión José Gregorio Hernández, son los entes estatales encargado de velar por los derechos de las personas discapacitadas.
