Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), Venezuela evidenció una contracción de la actividad económica de -8,5% en el primer trimestre de 2023.
Dicho comportamiento pudiera resultar sorpresivo luego del rebote que registró la economía venezolana a mediados de 2021 y que persistió en 2022. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó que el país registró una expansión del PIB de 0,5% en 2021 y 8% en 2022.
Además, la mayoría de los pronósticos apuntan a un crecimiento en 2023, que pudiera oscilar entre 5%, según el FMI y 10% acorde a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Hermes Pérez, es economista con estudios de post grado, y profesor de Macroeconomía en la UNIMET. Dice que “en el contexto descrito, el retroceso de la actividad reportado a inicios de 2023 por el OVF contrasta con las previsiones económicas y pudiera anticipar un cambio de tendencia, lo cual sería grave. Por esto, se hace necesario evaluar las posibles causas del citado declive”.
Y Pérez pasa a enumerarlas. En primer lugar, podemos estar ante un rebrote de la inflación. “Los precios venían mostrando un menor ritmo de crecimiento desde 2018. Sin embargo, la citada tendencia se modificó en abril de 2022 y comenzaron a repuntar de nuevo”, expone el analista.
De este modo, la inflación promedio se ubicó en 3,7% entre enero y marzo de 2022, mientras que el mismo registro subió hasta 21,3% en 2023. “La inflación anual se ubicó en 501% en marzo de 2023, según el OVF versus el 284% del marzo del año pasado con datos del Banco Central de Venezuela (BCV)”, apunta la fuente.
De hecho, las cifras recientemente publicadas por el Banco Central de Venezuela marcan, en esencia, la misma tendencia con un incremento de 436,6% de la inflación anualizada en abril de este año, frente a un aumento interanual de 222,26% al cierre del mismo mes de 2022.
Pérez relata que lo descrito se traduce en una sola cosa: una caída del poder adquisitivo, lo que repercute de manera negativa en el consumo, el cual es el mayor componente de la demanda de un país y de su actividad económica y comercial.
Un segundo punto, es la pérdida del poder de compra de los salarios. “El aumento de la inflación, unido con la consecuente alza del tipo de cambio, induce una muy rápida caída del poder de compra de los salarios, incluso de aquellos que estén parcialmente dolarizados”, pone en la balanza.
Cuenta que el salario mínimo se ubicó en torno a USD 40 en marzo de 2022, mientras que, en marzo de 2023, es USD 5,3; lo que significó un desplome del 82% en un año. “A lo descrito, se le debe sumar la menor capacidad de compra del dólar, lo que reduce el poder de compra y debilita la actividad económica”, declara el vocero.
Esta situación no cambia con los recientes anuncios del presidente Nicolás Maduro, durante el Día del Trabajador, ya que los aumentos anunciados que no tienen carácter salarial no representan una mejora real de las remuneraciones, lo que se hace más evidente cuando se lee el decreto donde se anuncian que deja más dudas que certezas en cuanto a la posible indexación de bonificaciones.
En tercer lugar, tenemos la implementación del IGTF e incremento de las tasas de los impuestos municipales, de registro y notarias, así como de otras cargas fiscales. “El Impuesto a la Grandes Transacciones Financiares (IGTF) es acumulativo y muy regresivo”, acota el académico de la UNIMET.
Y sazona: “Este tributo ha tenido un impacto negativo en la actividad económica y comercial, y es uno de los responsables en la desaceleración del consumo y de las importaciones en general. Además, la voracidad fiscal de las alcaldías y gobernaciones, ávidas de mayores ingresos, pudiera ser responsable de la contracción de la poca inversión existente y su efecto en el empleo y el consumo”, tropieza con una posible causa.
Finalmente, Hermes Pérez dice que la corrupción de PDVSA podría ser un cuarto disparador de la cifra en rojo dada por el OVF sobre la actividad económica en el primer trimestre.
“Los problemas recientes de PDVSA pudieron generar diversos impactos secundarios desfavorables en la actividad comercial del país”, reflexiona.
Pero ¿Cómo así? “En primer lugar, es probable que afectó la cadena de pagos y los ingresos del sector público en esta importante industria. Además, cualquier negocio, proceso de reactivación, recuperación, y/o de inversión, de haber existido, lo más probable es que se detuvo. Asimismo, cualquier inversionista prospectivo en proceso de negocios con PDVSA es factible que haya desistido”, ensombrece el talante.
Hermes Pérez remata con todas las de la ley: “A todas estas, Venezuela adolece de datos públicos oportunos y confiables sobre la realidad económica que permitan un buen diagnóstico de la situación y facilite desarrollar un plan efectivo de soluciones. La pelota está del lado de los entes encargados de la publicación y de la implementación de soluciones. Es imperativo un programa integral que se avoque a la solución de los graves desequilibrios macroeconómicos”, dice.
