La Fiscalía de Venezuela, dirigida por Tarek William Saab -sancionado por la Unión Europea por la persecución de los opositores-, comisionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el contraespionaje venezolano, para que investigara una supuesta venta ilegal de petróleo, en la que habría participado el reclamado, Mármol Rojo. En concreto, las autoridades fiscales y judiciales de Caracas aludían a que había participado en un supuesto “ataque sistémico en contra de la industrial petrolera nacional, representada por Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.
Según las pesquisas procedentes de este país las actuaciones presuntamente irregulares del reclamado no solo afectaban a las empresas concernidas, sino que también habían lesionado el patrimonio público, “ya que estos grupos estructurados cometen actos de piratería utilizando buques con identificaciones y banderas falsas para sustraer el crudo nacional para comerciarlo ilícitamente en provecho propio”.
“El testigo Carlos Molina Tamayo declaró en la vista que es Contralmirante de la Armada venezolana, reside en España y forma parte de un grupo de opositores al Gobierno de Venezuela en el exilio que tratan de restituir la democracia en el país, y que en esa misión Diego José Mármol Rojo ha colaborado con él suministrándole información acerca de cómo el régimen de Nicolás Maduro evade las sanciones impuestas a Venezuela y sigue comerciando con petróleo que saca del país con barcos a los que cambia de nombre y adoptando otras medidas para evitar que sean detectados en alta mar, información que a su vez ha sido suministrada a las autoridades de Estados Unidos”, especifica la resolución judicial.
