El lunes 17 de abril se cumplió un mes del anuncio de procedimientos judiciales en Venezuela por una trama de corrupción en la industria petrolera, pero muchas preguntas siguen sin respuestas y diversos sectores exigen mayores detalles.
En los operativos lanzados por la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela (PNA), 58 personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas e imputadas por “hechos de corrupción” y “malversación de fondos” en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
La mayoría de las detenciones se han informado de manera extraoficial por diversos medios de comunicación y confirmadas horas, e incluso días después, por las autoridades.
El fiscal general, Tarek William Saab que hasta la fecha ha ofrecido dos conferencias de prensa con detalles sobre el caso que involucró operaciones paralelas con cargas de crudo, solo ha dado información a través de su cuenta en Twitter y las audiencias de presentación de los detenidos más importantes han ocurrido en horas de la madrugada.
Algunos de los cargos a los sospechosos, muchos de ellos cercanos al exministro de petróleo Tareck El Aissami, son apropiación de patrimonio público, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación, así como traición a la patria.
La investigación, sobre la que aún existen múltiples interrogantes por parte de diversos sectores de la sociedad civil, condujo a El Aissami a renunciar a su cargo. Hasta ahora, el exministro no ha vuelto a aparecer públicamente y se desconoce si está siendo investigado por los hechos.
“En relación a futuras, próximas investigaciones en marcha, yo me he caracterizado por no adelantar opinión, no voy a auto tubearme (…) no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular”, respondió el fiscal a principios de mes al ser consultado sobre El Aissami, a quien la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU señaló en 2017 como un “narcotraficante especialmente designado”.
La semana pasada, el diputado Diosdado Cabello, uno de los hombres clave del gobierno, también evitó responder si El Aissami, está siendo investigado por corrupción.
“La investigación continúa y no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, corresponde a los organismos, en este caso al Ministerio Público y a los cuerpos de investigación, no nos atrevemos nosotros a señalar a nadie desde el partido”, dijo.
Tampoco se conocen cifras precisas sobre la cifra que ha sido defalcada al Estado, pero, según la agencia Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21.000 millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios.
Sin embargo, Saab precisó que el Ministerio Público no puede “lanzar cifras que parecen temerarias y especulativas”.
“Nosotros estamos en una fase de investigación bien importante y en este momento no creo conveniente estar refiriendo cifras, pero algunas han sido propagadas de manera temeraria, porque sin tener elementos de convicción nadie puede decir es tanto, es cuanto, eso le corresponde al Ministerio Público”, respondió el fiscal a preguntas en la primera rueda de prensa sobre el tema el 25 de marzo.
En ese entonces, Saab aseguró que próximamente se referiría al monto del “daño patrimonial causado”.
Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, una organización política independiente de la oposición, consignó un documento para exigir formalmente al fiscal de Venezuela rendir cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera.
“Qué fue lo que nos robaron, cómo fue que nos robaron y además qué van a hacer con lo que se incautó (…) la opacidad no es para combatir la corrupción, por eso hemos venido aquí a exigirle al fiscal que le diga al país”, dijo el lunes en las inmediaciones del Ministerio Público en Caracas.
La organización Transparencia Venezuela expuso el mes pasado sus preocupaciones por la “escasa” información pública, a pesar de la gravedad de los hechos e insistió en que el país tiene derecho a conocer más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo y el tamaño del patrimonio público comprometido.
“La falta de rendición de cuentas, la ausencia de un sistema de justicia autónomo e independiente, así como la inexistencia de información pública confiable, veraz y oportuna constituyen un gran incentivo para que ocurran hechos como los denunciados”, señaló en un comunicado el 20 de marzo.
Transparencia Venezuela ha identificado más de 140 procesos de corrupción anunciados por sistemas de justicia de terceros países, en los que “están involucrados fondos públicos venezolanos, muchos de los cuales no se han investigado en Venezuela”, al menos públicamente.
