Robados. Así se sienten muchos educadores quienes denuncian que ninguna entidad quiere hacerse cargo del pago por sus años de servicio. Desde el año 2018, docentes de planteles pertenecientes a nóminas de las gobernaciones y municipios de distintos estados migraron para ser parte de la nómina del Ministerio de Educación (ME), debido a una decisión que respondía a una política tomada desde la cartera ministerial. Anteriormente, los maestros recibían sus pagos sea por organismos estadales o municipales.
En su momento, el traslado de la nómina no significó un problema. El disgusto inició cuando los docentes pidieron el pago que les correspondía por sus años prestados a los entes municipales o estadales, y la respuesta que recibieron es que no eran la institución responsable de esos pagos, por lo que los docentes dejaron de percibir sus prestaciones sociales de hasta 20 años dedicados a la enseñanza.
El asunto es que el pago de dichas prestaciones les corresponde a quien asume, en este caso, el Ministerio de Educación.
Educadores activos y jubilados de Puerto Cabello (estado Carabobo) y San Juan de los Morros (estado Guárico) contaron a TalCual que, además de los anteriormente expuesto, al recibir su pago por los años en la nómina ministerial, les bajan el grado en la escala que estipula los pagos de los docentes, por lo que reciben menos dinero.
Pese a que el artículo 141 de la Ley Orgánica de Trabajo dice que «todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía.
El régimen de prestaciones sociales regulado en la presente Ley establece el pago de este derecho de forma proporcional al tiempo de servicio, calculado con el último salario devengado por el trabajador o trabajadora al finalizar la relación laboral, garantizando la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales» y que las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, los docentes que migraron a la nómina del ME tienen hasta cinco años de espera.
