Omar estaba con otros cuatro amigos jugando cartas en una vivienda del barrio José Félix Ribas, en la caraqueña área de Petare, cuando un grupo de funcionarios policiales irrumpió en la casa, acorraló a los jóvenes y los asesinó. Era el 31 de julio de 2022 y no fue hasta hace poco, ocho meses después de lo ocurrido, que su madre, Urselis Valdez, ha podido ver el expediente del caso. Empieza a recordar los detalles de ese día en que lo buscó en una comisaría, porque le dijeron que se lo habían llevado vivo, y luego lo encontró en un hospital con las costillas rotas y un número de disparos en su cuerpo que no ha querido saber. “Me siento bastante mal, todos los días lloro a mi hijo, pero su muerte no se va a quedar así”, dice la mujer de 42 años, acompañada de Lina Rivera y Carmen Arroyo. Las tres se conocieron porque comparten duelos similares por familiares asesinados por la policía y se acompañan en el empedrado y solitario camino hacia la justicia.
Las historias de estas mujeres están entre los más de 2.000 testimonios que recibió el Tribunal Penal Internacional (TPI) en los primeros meses de este año, cuando abrió la posibilidad de escuchar a las víctimas como parte del proceso que se sigue para reanudar las investigaciones sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El volumen de formularios y videos recibidos obligó a extender el plazo a la Fiscalía a cargo de Karim Khan para su procesamiento y respuesta. La decisión del TPI se espera para finales de este mes.
Persecución a opositores, detenciones arbitrarias, violencia sexual y torturas registrados a partir del 2014, el primer año pico de conflictividad política en el país sudamericano durante el régimen de Nicolás Maduro están recogidas en la demanda del TPI. Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas están impulsando que el tribunal también considere los asesinatos en protestas y durante operativos de seguridad, sobre los que se denuncia la existencia de un patrón y una política de Estado, como han recogido ya varios informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU —que pidió la disolución de las FAES (las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana)— y la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.
Las ejecuciones extrajudiciales se recrudecieron durante las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), las cuestionadas incursiones militares y policiales que el régimen venezolano implementó entre 2015 y 2017 para combatir la delincuencia en el que, durante esos años, se convirtió en uno de los países más violentos de la región y el mundo. Luego siguieron con las FAES, hasta el punto de que las llamadas muertes por resistencia a la autoridad o enfrentamientos con la policía llegaron a ser la principal causa de homicidios. Con los años, Venezuela se ha vaciado por la intensa migración que ha traído la crisis humanitaria a la par que han ido disminuyendo los delitos y también los casos de muertes a manos de la policía. Sin embargo, el activista del proyecto Lupa por la Vida Marino Alvarado dice que se está lejos de tener argumentos para asegurar que la violencia de los cuerpos de seguridad se haya reducido. “Hubo un reciclaje de funcionarios en distintos cuerpos, y las FAES dejaron de existir de facto como un nombre”, explica.
