Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovain, entre otros, no imaginaron nunca lo que les podía ocurrir por haber cumplido cabalmente con su trabajo como funcionarios de la extinta Policía Metropolitana.
El día 11 de abril del año 2002, a la luz de aquella gran movilización de hombres y mujeres que pretendieron llegar al Palacio de Miraflores, lograron salvar miles de vidas al contener aquella avalancha humana, sin embargo, este martes cumplieron 20 años presos aunque nunca consiguieron una prueba que los incriminara en la muerte de las personas que fueron asesinadas en los sucesos del Puente Llaguno.
En octubre del 2021, luego de 12 años de confinamiento, los tres funcionarios antes mencionados fueron sacados de las celdas de la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, para ser trasladados a la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara.
La arbitraria decisión los condenó, ademas, a no recibir visitas puesto que sus familiares tienen fijadas sus residencias en los estados Miranda, La Guaira el Distrito Capital.
“Dada la situación económica del país, cómo hacemos para trasladarnos hasta ese recinto penitenciario”, afirma Laura Pérez, esposa de Luis Molina, condenado a 30 años de prisión al igual que sus dos compañeros Erasmo Bolívar y Héctor Rovain.
Salvaron vidas!
Laura Pérez, esposa y madre de las dos hijas del agente Luis Enrique Molina Cerrada, recuerda, con sumo dolor, aquel día cuando después de una marcha convocada por sectores opositores al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, todo en su vida cambió.
“Salvaron vidas y tienen 20 años privados de su libertad”, escribió Pérez en cuenta de Twitter.
Al ser consultada sobre la posibilidad de visitar a los exfuncionarios dijo que la situación económica no les permite trasladarse hasta el estado Lara a efectos de llevarles alimentos, medicinas, productos de aseo personal, agua y ropa limpia.
“Extremadamente lejos de sus familias. Justicia y Libertad”, indicó Pérez en sus redes sociales.
Otros culpables necesarios
Por este sonado caso del 11 de abril de 2002 solo fueron detenidos, juzgados y condenados los comisarios Iván Antonio Simonovis Aranguren, Henry Vivas Hernández y Lázaro José Forero ademas de los agentes y sub comisarios Arube Jose Pérez Salazar, Julio Ramón Rodríguez Salazar, Héctor Rovain, Marco Javier Hurtado, Erasmo José Bolívar y Luis Enrique Molina Cerrada.
Los funcionarios Lázaro Forero, Henry Vivas y Julio Rodríguez, hace más de 10 años, fueron objeto de una medida humanitaria por presentar graves problemas de salud, en consecuencia, hoy se encuentran bajo arresto domiciliario aunque sobre ellos pesa una condena de 30 años de prisión.
El comisario Iván Antonio Simonovis, también condenado a 30 años de prisión, también recibió una medida humanitaria por problemas de salud, fue llevado a su hogar para que cumpliera arresto domiciliario y en junio de 2018 logró evadirse del lugar. Hoy se encuentra residenciado en territorio norteamericano.
Marco Hurtado y Arube Pérez, ambos de la extinta Policía Metropolitana, fueron puestos en libertad plena luego de cumplir 16 y 17 años de prision.
Al cumplirse 21 años de estos hechos, que sin duda alguna cambiaron la historia contemporánea de Venezuela, Iván Simonovis Pertiñez, hijo del comisario del mismo nombre, escribió en su cuenta de Twitter: “Hoy se cumplen 21 años del 11 de abril, un evento que cambió el destino de mi familia y del país. Mi documental va a contar cómo fue”.
Asimismo Bony Pertiñez, esposa del comisario Iván Simonovis, utilizó las redes sociales para indicar: “El régimen venezolano ha intentado sistemáticamente por todos los medios ocultar, falsear y desvirtuar la verdad de los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002, borrando a las víctimas opositoras y hoy, 11 de abril de 2023, se encuentran aún sin justicia”.
Cabe destacar que mientras los llamados “Pistoleros del Puente Llaguno” se encuentran libres y sin ser sometidos a juicio alguno, todos estos funcionarios policiales fueron imputados por los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, lesiones leves, cómplices necesarios y uso indebido de armas de fuego.
Mea culpa
Luego de ser destituido por la plenaria de la Asamblea Nacional, en abril del año 2012, el exmagistrado Ramón Eladio Aponte Aponte, expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, huyó del país y al llegar a Costa Rica emitió una carta pública.
A través de la mencionada misiva Aponte Aponte confesó que había recibido órdenes y presiones por parte del fallecido presidente Hugo Chávez para que se procediera a culpar a todos estos funcionarios de los hechos del 11 de abril de 2002.
Luego el exmagistrado viajó a los Estados Unidos y allí ofreció una entrevista televisiva en la cual relata cómo llevó a cabo el mencionado juicio.
