En el marco del 186 Período de Sesiones de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones de la sociedad civil Defiende Venezuela, el Instituto Casla, el Foro Penal, Fundaredes y la esposa de Caiguaripano, denunciaron la situación de las personas privadas de libertad. También se habló sobre la situación de riesgo de los defensores de
derechos humanos.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) emitieron un comunicado donde instaron a que Venezuela se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés públicos. Al mismo tiempo, urgen al Estado a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y el Estado de Derecho.
Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela, señaló que todos los defensores que estaban en la audiencia corrían grave peligro y celebró que la CIDH emitiera un comunicado de prensa condenando el Proyecto de Ley para fiscalizar y criminalizar a los defensores del país.
Dávila indicó; “Tamara Sujú no puede regresar a Venezuela, el Foro Penal tiene medidas de protección de la CIDH, a Caiguaripano prácticamente le mutilaron los testículos, el Director de Fundaredes está preso y Defiende Venezuela recibió una visita del Sebin”.
El Comisionado Colombiano, Carlos Pulido, antiguo magistrado de la Corte Constitucional de Colombia declaró que en Venezuela había una política de Estado de violación de derechos humanos y le recordó a los Estados de la región su responsabilidad como vecinos.
Asimismo, Carlos Briceño, director de Defiende Venezuela, dijo que: “El contexto que se desprende de los casos expuestos es elocuente en cuanto a un sistema de justicia que es excesivamente tolerante ante las violaciones de derechos humanos, especialmente a los privados de libertad”.
En la audiencia se destacaron varios casos como el de Juan José Gámez, José Ernesto Lasorsa, C.A.Z.S., el Director de Fundaredes, Javier Tarazona, con más de 600 días detenido, entre otros. Todos los casos tuvieron en común el no cumplimiento del Estado venezolano con las medidas cautelares aprobadas por la CIDH y la falta de atención médica de los privados de libertad.
Comunicado de la CIDH y RELE:
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/036.asp
Audiencia completa de YouTube:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=573949254753932
