Cuando Kristina Antonorsi Quintero aterrizó en Venezuela procedente de Madrid, funcionarios policiales la esperaban al final de la pasarela por la que desembarcaron los pasajeros de ese vuelo de la aerolínea Plus Ultra en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Era el 9 de octubre de 2022, y estaban presentes representantes del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público.
Los cargos contra la empresaria de 31 años eran por legitimación de capitales, contrabando agravado de combustible, tráfico ilícito de materiales estratégicos y estafa agravada, según trascendió en una nota de prensa publicada en el diario oficialista Últimas Noticias. Tan grueso fue el caso que, además de generar ese despliegue, llevó a que Antonorsi fuera presentada el mismo día de su aprehensión, un domingo, ante el Tribunal Segundo de Control de La Guaira. Este se declaró incompetente y la remitió de inmediato a Caracas.
Fue el martes 11 de octubre de 2022 cuando por fin Kristina Antonorsi llegó ante un juez. Se trataba de Carlos Liendo, titular del Tribunal Segundo de Control Antiterrorista. El acusador por el Ministerio Público era el Fiscal 73 Nacional, Jean Karín López, una persona de mucha confianza de las autoridades oficiales a la hora de asignar casos salidores. López, por ejemplo, ha llevado la causa contra Roland Carreño, periodista y activista político detenido desde octubre de 2020.
A Antonorsi se le imputaron entonces los delitos que quedaron registrados en el expediente número 065-22. Esos cargos los explicaba la misma nota de prensa que, citando a “fuentes judiciales” sin identificar, apuntó que Antonorsi era parte de “un grupo de delincuencia organizada, que mediante artilugios, comercializaron de manera ilícita el crudo asignado por Pdvsa para su venta a la empresa Arco Services”.
