Algunos comercios en Venezuela han comenzado a ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar sus productos en varias cuotas, una novedad en un país con limitaciones a todo tipo de crédito en la banca pública y privada.
Tiendas de ventas de electrodomésticos han comenzado a ofrecer desde inicios de febrero neveras, televisores, aires acondicionados, computadoras portátiles y consolas de videojuegos a través de una modalidad de pago con sistema de “apartado”.
Se acuerda aportar una cantidad inicial equivalente al 20 % del precio del artículo y extender los pagos subsiguientes en cuantas cuotas desee el comprador por dos meses.
La oferta incluye una advertencia ante un posible impago, sin embargo. “Importante: si pasan los dos meses del apartado (y no se honra el pago total), pierdes la inicial”, cuenta a la Voz de América el empleado de uno de los comercios sumados a esa práctica.
Una nevera con capacidad de 263 litros puede comprarse en ese formato por 580 dólares, pudiendo pagarla con cinco cuotas de 116 dólares en 60 días, explica una de sus ofertas.
Así, una tableta de 32 gigas y pantalla de alta definición puede adquirirse con el pago de cinco cuotas de 28 dólares, así como una consola por cinco pagos de 80 dólares.
Es una de las muchas formas que ha ideado el comerciante venezolano promedio para “proteger su patrimonio” en un contexto país crítico, explicó hace días a la Voz de América el especialista en mercados económicos Luis Vicente León, de la firma Datanálisis.
Entonces, se conocía de otra práctica para mantener las ventas, la de ofrecer descuentos a los clientes en los comercios si los productos se compran con dólares o euros en efectivo.
La estrategia de “apartados” o pagos con crédito puede resultar común, casi rutinaria, en múltiples países de América Latina y el resto del mundo. Existía en Venezuela hace años, pero hoy vuelve a ser novedad en una nación sumida en crisis económica por una década.
Esos aprietos financieros se han agravado en los últimos tiempos: el tipo de cambio oficial se ha quintuplicado en los últimos 10 meses, la moneda local se ha depreciado rápidamente, y el salario mínimo apenas supera los 5 dólares por mes.
Ello ocurrió meses después de que Venezuela saliera formalmente del que es considerado el segundo ciclo de hiperinflación más prolongado de la historia moderna, con 50 meses consecutivos con inflación promedio de más de 50 puntos porcentuales cada 30 días.
En ese contexto, el gobierno de Nicolás Maduro ha determinado amplias restricciones del acceso al crédito a personas y empresas tanto en la banca pública como en la privada.
En 2019, el Poder Ejecutivo estableció que la porción mínima de los depósitos totales que los bancos debían mantener en el Banco Central, conocido como encaje legal, tenía que ser de un 57 %. Un año después, esa cuota llegó a ubicarse en un 93 %, es decir, que 93 de cada 100 bolívares que circulaban en la banca venezolana debían reservarse en el Banco Central.
Esto ha provocado que la banca tenga “menos dinero disponible” para otorgar créditos a personas y empresas, explica el economista y profesor universitario Gustavo Machado.
El gobierno madurista redujo el mes pasado el encaje legal al 73 %, aún muy elevado para poder estimular el uso de dinero secundario o crediticio, según expertos independientes.
“La autoridad monetaria procura con esa medida limitar la cantidad de dinero que circula en la economía, con la idea de evitar alzas significativas de los precios en líneas generales y particularmente del precio del dólar”, explica el docente venezolano a la VOA.
Esas limitaciones han congelado, por ejemplo, los límites de las tarjetas de crédito de los venezolanos. Sus saldos disponibles para consumo oscilan apenas entre 1 y 150 bolívares, es decir, desde apenas centavos de dólares hasta poco más de 6 dólares.
Son cifras que impiden comprar o pagar bienes y servicios con holgura en el país con la segunda mayor inflación del mundo de 2022 (234 %), solo antes que Zimbabue (339,7 %).
El “remedio ideal” de la economía venezolana no recae en ofertas comerciales puntuales, sino en “la implementación de un acuerdo económico y social” con amplio apoyo político, estima Machado.
La innovación y el aumento de la productividad, dice, serían los puntos clave para elevar la capacidad de compra de los ciudadanos en una nación en apuros.
